Desde la movilización, dirigentes reiteraron su pedido de abrogación inmediata de la ley y alertaron sobre sus posibles efectos en regiones como la Amazonía. “Va a perjudicar a muchas comunidades, en especial en el departamento de Pando”, sostuvo uno de los voceros, quien advirtió que la norma podría facilitar que actores con mayor capacidad económica intenten titular entre 5.000 y 10.000 hectáreas, afectando parcelas de pequeños productores.
Los manifestantes también denunciaron que la ley fue aprobada sin un proceso adecuado de socialización con las bases. “Es una ley que no beneficia al sector campesino, sino a quienes ya tienen tierras tituladas y buscan expandirse”, afirmaron, al cuestionar el rol de diputados y senadores que respaldaron la norma.
A estas críticas se sumó el exdirigente de la CSUTCB, Humberto Claros, quien cuestionó duramente el origen y los objetivos de la norma. Según afirmó, la ley estaría impulsada por intereses de la banca y del sector agroempresarial. “Dicen que nos quieren hacer un gran favor, pero en el fondo es una trampa”, señaló.
Claros advirtió que, a su juicio, la aplicación de la norma podría derivar en la pérdida de tierras indígenas y en un debilitamiento de las estructuras organizativas del sector. “Si desaparece la tierra, desaparecen nuestras comunidades, nuestros sindicatos agrarios, el ayllu, las capitanías”, afirmó, al sostener que existe un riesgo para organizaciones como la CSUTCB y otras representaciones del movimiento indígena y campesino.
En respuesta, el presidente Rodrigo Paz Pereira sostuvo que existe desinformación sobre el alcance de la Ley 157 y remarcó que su aplicación es voluntaria. “Estamos sacando esta ley para que el área rural tenga acceso al crédito y no dependa de los grandes empresarios”, explicó.
El mandatario aseguró que la norma no vulnera territorios colectivos ni áreas protegidas. “No afecta reservorios, no afecta reservas nacionales, no afecta comunidades ni territorios comunales”, afirmó, al enfatizar que solo aplica a propietarios con título individual que decidan acogerse al mecanismo.
Según Paz, el objetivo central es facilitar financiamiento en mejores condiciones para productores rurales. Indicó que la ley permitiría acceder a créditos con tasas de entre 3% y 5%, frente a niveles más altos en otros esquemas, lo que —dijo— podría impulsar emprendimientos en el campo.
La protesta, que ya suma una semana, mantiene la presión sobre el Gobierno en torno a una norma que ha abierto un nuevo frente de conflicto por el acceso a la tierra, el financiamiento rural y las garantías para las comunidades indígenas y campesinas.
