La investigación reveló irregularidades administrativas y movimientos financieros sospechosos.
Una mujer fue detenida en la ciudad de Salta acusada de validar de manera irregular 3.477 aptos médicos destinados a la obtención de licencias profesionales de conducir. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Clínica Cruz Azul, prestadora de estudios psicofísicos habilitada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que detectó inconsistencias en la emisión de certificados.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, la investigación derivó en allanamientos en tres domicilios de la capital salteña y en la detención de una empleada administrativa, además del secuestro de documentación vinculada a la causa.
El caso comenzó a tomar forma el 23 de diciembre pasado, cuando el apoderado de la Clínica Cruz Azul SRL denunció a una integrante del personal. La institución, autorizada por la ANSV para emitir los estudios requeridos para licencias profesionales, había advertido diferencias entre sus registros internos y los datos oficiales sobre aptos médicos.
La irregularidad salió a la luz durante las vacaciones de una trabajadora, cuando la supervisora del área detectó recibos por prestaciones inexistentes en la contabilidad y certificados cargados en el sistema oficial REPRE a nombre de personas que nunca habían sido atendidas.
Frente a esta situación, la clínica solicitó a la ANSV un informe detallado de los certificados emitidos durante 2025 y decidió restringir el acceso al sistema mediante el cambio de claves de usuario.
El cruce de información entre la base interna GoMedisys y el registro oficial REPRE arrojó una diferencia significativa: 3.477 aptos médicos habrían sido validados sin respaldo en atenciones reales, consignó Infobae. A partir de ese hallazgo se inició una investigación interna, en paralelo a la cual la empleada señalada presentó su renuncia el 12 de diciembre.
Sin embargo, el 22 de diciembre se registró la carga de seis nuevos certificados irregulares desde otro usuario, lo que terminó de motivar la denuncia formal ante la Justicia.
El Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales analizó los sistemas informáticos utilizados por la clínica y realizó el entrecruzamiento de datos para identificar a los responsables.
Según la pesquisa, la empleada administrativa habría sido quien ingresaba los certificados de aptitud psicofísica sin respaldo documental y generaba recibos por servicios inexistentes. Además, se solicitó información a entidades bancarias y plataformas digitales para rastrear los movimientos financieros asociados.
