La medida no solo impacta de manera directa en los beneficiarios, sino que también repercute en el entramado social y económico de la provincia, alcanzando a cerca de 200 mil personas si se considera el entorno familiar.
El recorte implica, además, una fuerte contracción en la economía local. Según estimaciones de organizaciones sociales y relevamientos económicos, dejarán de circular alrededor de 4.000 millones de pesos mensuales en Salta, lo que proyectado a un año representa una pérdida cercana a los 50.000 millones. Se trata de recursos que anteriormente se destinaban casi en su totalidad al consumo básico en barrios y comunidades, sosteniendo comercios de cercanía como almacenes, ferias y farmacias.
Dirigentes sociales advierten que el impacto es inmediato y profundo, especialmente en zonas vulnerables del norte provincial y en los cinturones urbanos de pobreza. Allí, el ingreso —aunque limitado— permitía cubrir necesidades esenciales como alimentos, transporte o gastos de salud. Sin ese respaldo, muchas familias enfrentan ahora un escenario de extrema fragilidad económica, con crecientes dificultades para sostener su vida cotidiana.
El programa, que funcionaba como continuidad de políticas anteriores de asistencia a trabajadores informales, también cumplía un rol clave en la organización comunitaria. A través de él se sostenían merenderos, comedores, espacios educativos y actividades sociales. Su eliminación, sin una instancia previa de transición o alternativas concretas de inserción laboral, dejó a miles de personas sin ingresos de un mes a otro.
En este contexto, organizaciones territoriales denuncian el cierre de espacios comunitarios y un aumento en la demanda de asistencia alimentaria. Comerciantes y feriantes, por su parte, ya comienzan a percibir una caída en las ventas, reflejo de la menor circulación de dinero en los barrios. A esto se suma la falta de programas de capacitación o empleo prometidos como reemplazo, lo que agrava la incertidumbre sobre el futuro inmediato de los sectores afectados.
