La visión de dos activistas que promueven la migración.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria con el lanzamiento del denominado “Plan Escudo Fronterizo”, una estrategia que combina zanjas, tecnología de vigilancia y controles laborales, con el objetivo de frenar el ingreso irregular de extranjeros.
La iniciativa comenzó a ejecutarse en la frontera norte, en el desierto de Atacama, donde el Ejército inició la excavación de zanjas de hasta tres metros de profundidad en sectores cercanos al límite con Perú. Estas obras se extenderán en unos 30 kilómetros, mientras que en otros puntos considerados críticos se desplegarán drones, radares, cámaras térmicas e infrarrojas, sensores y cercos con monitoreo permanente.
El plan busca convertir la frontera en una zona de control reforzado, aunque no se trata de un sistema continuo a lo largo de todo el territorio. En los pasos ilegales más utilizados también se instalarán muros y vallas de hasta cinco metros de altura con sensores de movimiento, en una estrategia que combina barreras físicas con vigilancia tecnológica.
Además del control fronterizo, el gobierno avanzó en medidas internas. Se suspendió el proceso de regularización de unos 182.000 migrantes impulsado por la gestión anterior de Gabriel Boric y se ratificó el objetivo de expulsar a más de 330.000 extranjeros en situación irregular. En paralelo, el Servicio Nacional de Migraciones anunció inspecciones en lugares de trabajo para verificar la situación legal de empleados extranjeros.
Desde el Ejecutivo sostienen que el plan apunta a reforzar la seguridad y el control del ingreso al país, en un contexto donde la migración irregular, en su mayoría de origen venezolano, se convirtió en uno de los ejes centrales del debate público.
Sin embargo, organizaciones y especialistas en migración advirtieron sobre posibles consecuencias. Desde la sociedad civil señalaron que las barreras físicas podrían desviar los flujos hacia rutas más peligrosas y favorecer la acción de redes de trata y tráfico de personas, además de profundizar la informalidad laboral.
También alertaron que la falta de procesos de regularización podría derivar en un aumento de la vulnerabilidad de los migrantes y en mayores dificultades para su acceso a empleo, vivienda y servicios básicos, al tiempo que podría intensificar tensiones sociales.
En este escenario, tal como señala TN, el “Plan Escudo Fronterizo” se instala como una de las principales apuestas del gobierno de Kast en materia migratoria, en medio de un debate que combina seguridad, derechos humanos y el impacto social de las nuevas políticas en Chile.
