El escenario en el que se habría celebrado la boda privada en Cafayate.
El Gobierno de Salta comunicó oficialmente que se aplicará una multa “ejemplificadora” a los organizadores de un casamiento celebrado en la reserva natural Quebrada de las Conchas. La medida surge tras constatar que el evento se realizó utilizando un permiso falso que simulaba ser una autorización de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El caso tomó relevancia pública luego de que circularan imágenes de la celebración en pleno corazón de un área protegida. Ante la difusión de las fotografías en uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia, los organismos de control ambiental intervinieron de manera inmediata.
Las autoridades confirmaron que el documento exhibido por los organizadores carecía de cualquier tipo de validez legal o administrativa, según recopiló Infobae. La investigación administrativa reveló irregularidades graves en la confección del supuesto permiso presentado ante los agentes de control.
El titular de la Secretaría de Ambiente, Alejandro Aldazábal, explicó que la supuesta autorización no contaba con los respaldos técnicos necesarios. “El papel que exhibía es un papel que no tiene los membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy improlijo”, detalló el funcionario.
Además, Aldazábal reveló una maniobra burda para intentar dar legalidad al evento mediante la manipulación de su propia firma, acorde a lo recopilado por el mismo medio. Según el funcionario, los responsables utilizaron un método digital rudimentario para fraguar el documento oficial.
“Sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada. No hay ninguna autorización que sea expedida con una foto”, sentenció el titular del área ambiental salteña.
Ante la gravedad del hecho, el Ministerio de Producción y Minería, a través de la Secretaría de Ambiente, formalizó una denuncia penal. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal de Cafayate por la presunta comisión del delito de falsificación de instrumento público.
En paralelo a la vía judicial, se inició un sumario administrativo para determinar el monto final de la sanción económica. Aldazábal adelantó que el castigo financiero será “lo suficientemente duro como para que no vuelva a suceder”.
El objetivo de la Provincia es enviar un mensaje contundente sobre la importancia de respetar la legalidad vigente. Las autoridades buscan evitar que se repitan estos atropellos en zonas de alta sensibilidad ecológica y valor patrimonial.
La organización del evento se llevó a cabo dentro de una propiedad privada, pero dentro de los límites de la reserva natural. Esta ubicación exige el cumplimiento estricto de la Ley Nº 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas.
Dichas normativas establecen la obligatoriedad de presentar una evaluación de impacto ambiental previa a cualquier actividad de este tipo. Los permisos formales suelen incluir recomendaciones específicas sobre niveles de sonido, gestión de residuos, distancias permitidas y horarios de finalización.
En este caso particular, la Secretaría de Ambiente subrayó que no recibió ninguna solicitud formal para la celebración del casamiento. Por lo tanto, no existió ningún análisis previo que permitiera mitigar el impacto ambiental en el ecosistema de la Quebrada de las Conchas.
Responsabilidad de los propietarios y controles
El secretario Aldazábal aclaró que la propietaria del predio también tenía la responsabilidad de gestionar las autorizaciones pertinentes. Estas gestiones deben realizarse tanto en el ámbito provincial como en el municipal para garantizar la legalidad del evento.
Durante el desarrollo de la fiesta, un equipo de guardaparques de Cafayate se presentó en el lugar para realizar una inspección. Sin embargo, al tratarse de una propiedad privada, el personal estatal no pudo ingresar al recinto de la celebración.
Los agentes debieron limitarse a supervisar que el impacto ambiental y sonoro no se extendiera más allá de los límites del predio. Esta limitación operativa reforzó la necesidad de la denuncia judicial para sancionar a los involucrados.
Recomposición ambiental y próximos pasos
El proceso administrativo determinará si se exigen medidas adicionales de recomposición ambiental en la zona afectada. La autoridad competente evaluará los daños potenciales derivados de la falta de supervisión durante el evento.
Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que cualquier actividad en áreas protegidas debe contar con documentación técnica y respaldo oficial. La intervención de la justicia se considera un paso necesario ante la falsificación de instrumentos públicos provinciales.
La difusión de este escándalo impulsó una revisión profunda de los mecanismos de control en las reservas naturales de Salta. El Gobierno busca garantizar que el aprovechamiento de los recursos naturales se realice siempre bajo el marco del respeto a la ley.
