La extorsión y el cobro de cupos se han consolidado como la principal preocupación en materia de seguridad ciudadana en el Perú. De acuerdo con una encuesta de Ipsos, el 76% de la población —equivalente a cerca de 19 millones de personas— identifica estos delitos como los más alarmantes, superando ampliamente a otros como la corrupción de funcionarios (41%), la violencia sexual (37%), el secuestro (35%) y el robo agravado (32%).
Los resultados evidencian un cambio en la percepción ciudadana sobre la inseguridad, con un enfoque cada vez más marcado en delitos vinculados al crimen organizado y a economías ilegales. Este panorama refleja la creciente presencia de prácticas extorsivas en distintos ámbitos, desde el comercio hasta el transporte y la construcción.
Un estudio comparativo del Observatorio del Crimen y la Violencia, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, refuerza esta tendencia. Según el informe, una cuarta parte de la población —alrededor de 6 millones de personas— ha sido víctima de extorsión o conoce a alguien que lo ha sido en los últimos tres meses.
El informe ubica a Perú detrás de Colombia, México y Ecuador en América Latina en incidencia de crimen organizado, de acuerdo con el BCP.
Expansión del crimen y economías ilegales
El informe también advierte sobre la expansión y diversificación de las modalidades delictivas. Entre ellas destaca el sistema conocido como “gota a gota”, que pasó del 15% al 19% en el mismo periodo analizado, lo que evidencia un crecimiento sostenido de estas prácticas.
En paralelo, la encuesta señala que el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas encabezan las preocupaciones entre las economías criminales, ambas con un 64%, seguidas por la minería ilegal con un 52%. Estas cifras dan cuenta de la magnitud de actividades ilícitas que operan de manera articulada en el país.
Especialistas advierten que el crimen en el Perú ha dejado de manifestarse como hechos aislados para evolucionar hacia estructuras más complejas. En este escenario, convergen la criminalidad común, el crimen organizado urbano y diversas economías ilegales, con creciente capacidad de expansión territorial e influencia.
El contexto se agrava por un extendido pesimismo en la población respecto a la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad. Según la encuesta, el 58% de los peruanos considera que el próximo gobierno no será capaz de combatir eficazmente estos problemas, frente a un 36% que mantiene expectativas positivas.
Ante esta situación, la ciudadanía ha definido prioridades claras. Más de la mitad (54%) considera que el próximo gobierno debe concentrar sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales. A ello se suman la necesidad de reformar el sistema de justicia (45%) y fortalecer a la Policía Nacional (44%).
En respuesta a este diagnóstico, el Observatorio del Crimen y la Violencia plantea una serie de propuestas orientadas a mejorar la respuesta estatal. Entre ellas destacan la consolidación de una estrategia de seguridad como política de Estado, el fortalecimiento de la inteligencia policial y una mayor articulación entre instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
