El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, asumió la Presidencia del Comité Regional de la Región Minera del Litio, tras el acuerdo suscripto junto a los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil de Salta y Catamarca, respectivamente.
La designación fue acordada entre las jurisdicciones que integran la Región, consolidando el rol estratégico de Jujuy en la coordinación interprovincial vinculada al desarrollo del litio y otros recursos mineros.
“Este paso fortalece el trabajo conjunto que venimos realizando y reafirma nuestro compromiso con un modelo minero sostenible, con reglas claras, controles ambientales firmes y generación de empleo para los jujeños”, destacó el mandatario provincial.
Además, el acuerdo designa como Secretaria de la Región Minera a Fernanda Ávila de Catamarca y a José Gómez, ministro de Minería, como Secretario Adjunto por Jujuy. Y establece la conformación de la Secretaría Permanente y la convocatoria a la Comisión de Regalías, que analizará el régimen vigente con el objetivo de avanzar en la armonización normativa y brindar mayor previsibilidad al sector. De esta manera, Jujuy asume la conducción del Comité Regional con una agenda enfocada en la institucionalidad, la transparencia y el desarrollo equilibrado de la Región Minera del Litio.
La asunción de Jujuy en la presidencia del Comité Regional representa un paso estratégico hacia la consolidación de un polo minero con estándares internacionales de competitividad y transparencia. Esta coordinación entre las provincias del NOA permite unificar criterios técnicos y jurídicos, fundamentales para garantizar la seguridad jurídica necesaria que demandan las inversiones de gran escala en la industria del litio, posicionando a la región como un actor clave en la transición energética global.
Asimismo, el fortalecimiento de este espacio institucional asegura que el aprovechamiento de los recursos naturales se traduzca en un desarrollo integral para la región. A través de la armonización normativa y el trabajo técnico en la Comisión de Regalías, se busca un equilibrio que priorice el impacto positivo en las economías locales, promoviendo la creación de valor agregado en origen, empleo genuino y el cumplimiento estricto de los protocolos de sustentabilidad ambiental que caracterizan la política minera de las provincias integrantes
