Implementada en 1980 para frenar el crecimiento poblacional en el entonces país más habitado del planeta, la política del hijo único redujo drásticamente el número de nacimientos mediante sanciones, multas y controles estrictos. Aunque oficialmente terminó en 2016, el descenso de la natalidad continúa. Las parejas chinas hoy tienen en promedio un hijo por cada mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional necesario para mantener la población estable, lo que ha llevado a una contracción demográfica persistente.
La política no solo alteró el crecimiento poblacional, sino que también dejó una huella social y cultural: muchas niñas fueron ignoradas o abandonadas debido a la preferencia por hijos varones, y se formó una generación conocida como “pequeños emperadores”, hijos únicos a quienes se dedicó gran atención y recursos mientras la economía del país se expandía rápidamente.
A pesar de los intentos de Pekín por revertir la tendencia —permitiendo primero dos hijos y luego hasta tres por pareja, además de introducir incentivos como permisos parentales más largos, desgravaciones fiscales y campañas para fomentar el matrimonio y la maternidad— los jóvenes chinos enfrentan hoy costos de vida elevados, estrés laboral, salarios estancados y falta de apoyo familiar, factores que desalientan la procreación.
El envejecimiento acelerado de la población es otra consecuencia crítica: la proporción de personas mayores crece mientras la base de trabajadores se contrae. Este fenómeno presiona los sistemas de pensiones, atención sanitaria y la fuerza laboral, complicando los esfuerzos del Gobierno por sostener el crecimiento económico.
Brookings
Analistas demográficos advierten que, de no lograrse un cambio estructural en las tasas de natalidad, China podría enfrentar un descenso poblacional pronunciado en las próximas décadas, con estimaciones que sugieren que la población podría reducirse drásticamente hacia finales de siglo.
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Así, lo que comenzó como un experimento social para controlar la expansión demográfica se ha convertido, décadas después, en una de las pruebas más serias para la planificación estratégica del país, obligando a las autoridades a repensar políticas que combinen incentivos económicos, apoyo a las familias y reformas sociales para afrontar un futuro con menos nacimientos y una sociedad cada vez más envejecida.
