Aunque lejos del esplendor del pasado, los mandos chavistas incrustados en el Estado venezolano enfrentan el actual asedio estadounidense con la mira puesta en un solo objetivo: garantizar su continuidad en el poder, incluso en un eventual escenario bélico. En el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro y sus colaboradores no solo esperan salir airosos del grave trance que les ha hecho pasar Donald Trump, sino que además laboran apuradamente para hacer realidad un sueño largamente anhelado. Se trata de hacer irreversible la revolución bolivariana, radicalizando sus fundamentos.
El objetivo estratégico atiende a un principio vigente desde los tiempos de Hugo Chávez. En estos 25 años, después de cada nuevo careo con la oposición para imponer al país su proyecto político, el régimen venezolano ejecuta un nuevo giro de tuerca y profundiza sus objetivos para estabilizarse en el poder.
Para alcanzar esta meta, la nomenclatura oficialista aprieta el puño frente a la disidencia, achica los espacios del debate público —arrestando a nuevos dirigentes opositores— y trabaja en la consolidación de una nueva arquitectura de gobierno. La última liberación presos políticos anunciada por el Gobierno —99 en total— le permite ganar tiempo y ofrecer buena voluntad, pero no contradice en absoluto la decisión de radicalizar la revolución.
El propósito de todo este esfuerzo consiste en terminar de darle forma al Estado Comunal, el punto de llegada, el fin ulterior del proceso revolucionario bolivariano. Este es un marco jurídico que, en palabras de Maduro, debe trascender “el viejo modelo burgués”, para abrir paso a “la democracia directa”; “el modelo popular de autogestión.”
El Estado revolucionario invierte ahora más tiempo y más dinero en la reestructuración y el fortalecimiento de las comunas, organizaciones celulares que, teóricamente, plantan a la militancia bolivariana cuadra por cuadra, garantizando el control territorial y el desarrollo económico del país. Maduro asegura que en Venezuela hay 5.300 comunas en proceso de consolidación.
Las comunas están galvanizadas con presencia militar, a través de las Unidades Comunales de Defensa Integral, uno de los diagramas organizativos de la coalición cívico-militar en el poder ante el desafío planteado por la Casa Blanca. El Gobierno procura que ambos mundos, el civil y el militar, trabajen de forma conjunta. El Ministerio de la Defensa, plenamente acoplado a la estrategia, ya ha distribuido su armamento antiaéreo más letal en los rincones de la geografía nacional.
El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acaba de celebrar una plenaria extraordinaria en la cual acordó pasar “a una fase armada de la revolución”, afincado en el principio maoísta de la “guerra popular prolongada”, si llegara a materializarse alguna agresión contra el país. En cadena nacional de radio y televisión, Maduro ha encargado personalmente al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que apure definitivamente el alistamiento y el apresto operativo de los trabajadores de la administración pública, ordenando “repartir armas y estar listos para la defensa nacional en cada fábrica del país”.
Maduro —un dirigente sindical de extrema izquierda en su juventud— también ha decretado el inicio de una “constituyente sindical”: la reorganización y el nuevo marco legal de todos los círculos laborales existentes en el país, para forzar los niveles de compromiso adecuados con el Estado revolucionario, neutralizando con la coacción cualquier amago disidente.
El Gobierno quiere ir más allá: el presidente ha pedido a todas las corrientes civiles que le apoyan (en la narrativa oficial, “los movimientos sociales”) a reunirse en una asamblea plenaria en enero, para intercambiar proposiciones para una Reforma Constitucional. El proyecto había sido anunciado a comienzos de 2025 y ahora regresa al foco de la opinión pública. “Un proceso que nos permita perfeccionar nuestra democracia, con un modelo participativo, inclusivo, no solamente representativo”, asegura Maduro.
