En primer término se trató la reforma del Código Procesal Penal – Ley N.º 6259, la cual encuentra su fundamento en la imperiosa necesidad de otorgar mayor celeridad al proceso judicial penal. Así lo informó el diputado Adriano Morone, quien sostuvo que la iniciativa se inscribe en una reforma judicial de alcance estructural, vinculada al sistema acusatorio, y orientada a ordenar los actos procesales. La iniciativa fue sancionada como Ley N.º 6495.
Del mismo modo, también a solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, se sancionó la Ley N.º 6496, que establece el Régimen de Custodia, Conservación, Disposición y Subasta de los Bienes y Cosas Objeto de Secuestro en Procesos Penales. La norma prevé un cambio esencial en la transferencia de la competencia funcional sobre la custodia, disposición y subasta de bienes, que pasa casi en su totalidad del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al Poder Judicial —a través del juez Penal y la Suprema Corte de Justicia—.
De este modo, se le quita al MPA el rol de administrador activo de los bienes, devolviéndole al juez la potestad de disposición y subasta, y asumiendo el Poder Judicial el control de los recursos obtenidos de las subastas. Así lo explicó el diputado informante Adriano Morone, quien agregó que esta modificación configura un equilibrio entre las competencias de los Poderes del Estado.
En relación al Ejercicio Profesional y Régimen de Colegiación de los Arquitectos y Urbanistas de la Provincia de Jujuy es un pedido de readecuación realizado por profesionales de la arquitectura y se hace necesario para enfrentar los nuevos desafíos que propone la profesión expresó la diputada Mariela Ortiz. Se sancionó como Ley N° 6497.
En tanto, la Ley N.º 6498, de Modificación de la Ley N.º 5273 de Creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, tiene por finalidad establecer nuevas herramientas que permitan evitar la vulneración de los derechos de la niñez y de las mujeres en casos de incumplimiento y deudas por cuota alimentaria.
Así lo informó la miembro informante, diputada Gisel Bravo, quien sostuvo que se incorporan controles para impedir el libre acceso de deudores alimentarios a espectáculos públicos, deportivos y a casinos o salas de juego, y que además se modifica el criterio de incumplimiento, estableciendo como causal el no pago de dos cuotas adeudadas, alternadas o consecutivas, dentro de un mismo año.
