De cada 10 argentinos que pierden su trabajo en blanco, sólo cinco consiguieron una ocupación y más precaria.
Los datos oficiales muestran una pérdida sostenida de puestos registrados desde la llegada de La Libertad Avanza. Crece el monotributo como refugio precario mientras el Gobierno insiste con una reforma laboral que ya fracasó en el pasado. Argentina profundizó en agosto la caída del empleo en blanco: se perdieron 13.062 puestos registrados entre el sector privado, el público y el trabajo en casas particulares, mientras sólo se sumaron 5.539 nuevos monotributistas. Los números de la Secretaría de Trabajo, sobre la base del SIPA, confirman un fenómeno que atraviesa toda la gestión de Javier Milei: de cada diez personas que pierden su empleo formal, apenas cinco encuentran una ocupación, pero en condiciones más frágiles y sin derechos. El retroceso es aún más claro en la serie completa. Entre noviembre de 2023 y agosto de este año se destruyeron casi 492 mil empleos registrados, con fuertes bajas en monotributo social, trabajo privado, sector público, casas particulares y autónomos. En ese período, la única categoría en alza fue el monotributo común, que sumó 121.740 altas y volvió a exponer la expansión de relaciones laborales encubiertas. Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A, alertó que “en agosto el golpe más fuerte lo sufrió el sector privado que ya está en los niveles más bajos desde el inicio de la gestión de LLA” y remarcó que la nueva fase de destrucción comenzó en junio. La tendencia es anterior al cambio de gobierno, pero se profundizó: contra agosto de 2023, el país tiene 177.648 trabajadores privados menos y niveles incluso inferiores a los de 2015. A este derrumbe se suma la licuación salarial. Según el Indec, el poder adquisitivo de los salarios registrados continúa 5,5% por debajo de noviembre de 2023. En el sector privado la pérdida llega al 24% en comparación con 2015, mientras que en el sector público se desploma un 14% durante la gestión Milei-Caputo y acumula una caída del 39% respecto de aquel año. El deterioro del salario estatal es todavía mayor entre los trabajadores nacionales, que perdieron 32,6% de su poder de compra, en un contexto de despidos, recortes y desguace de programas. Las provincias también retrocedieron, aunque con un impacto más moderado. Pese a este cuadro, el Gobierno volvió a instalar la reforma laboral bajo el argumento de “crear empleo”, una receta que ya demostró ampliar la precarización y engrosar los márgenes empresariales sin generar trabajo genuino. Cabe señalar, en este marco, organizaciones sindicales y especialistas advierten que la única salida para recuperar derechos es rechazar los cambios regresivos y reconstruir ámbitos de democracia en los lugares de trabajo. Desde distintos espacios gremiales plantean que la CGT y las CTA deben convocar asambleas y coordinar acciones para enfrentar un modelo que sólo profundiza la desigualdad y deteriora las condiciones de vida de la clase trabajadora.
