La divulgación oficial de los nombres y antecedentes de los 115 muertos identificados durante la reciente megaoperación policial en los complejos de Alemão y Penha ha revelado un panorama que el Gobierno de Río de Janeiro califica como el mayor golpe contra el Comando Vermelho en los últimos años. Más del 95 % de los fallecidos, según la Policía Civil, mantenía vínculos comprobados con la organización criminal que domina gran parte del tráfico de drogas en el estado y opera en varias regiones del país.
El operativo, ejecutado con unos 2.500 agentes, dejó un saldo de 117 civiles muertos —de los cuales 115 ya fueron identificados— y cuatro agentes de seguridad fallecidos. Las fuerzas de seguridad justifican la magnitud del enfrentamiento alegando que los agentes fueron recibidos con disparos por grupos armados en zonas montañosas de difícil acceso, donde se refugiaban líderes del Comando Vermelho.
El balance de la Secretaría de Seguridad Pública indica que 97 de los muertos tenían antecedentes criminales considerados graves y 59 eran buscados por órdenes judiciales. Entre los delitos figuran homicidio, tráfico de drogas, asociación criminal, robo y porte ilegal de armas. Los investigadores también detectaron que 54 % de los fallecidos no eran originarios de Río de Janeiro, sino de estados como Pará, Bahía, Amazonas y Goiás, lo que refuerza la tesis de que Río funcionaba como punto de convergencia de jefes delictivos provenientes de otras regiones.
El secretario de Policía Civil, Felipe Curi, afirmó que los datos refuerzan el carácter “nacional” del Comando Vermelho y subrayó que la operación se centró en núcleos de alta peligrosidad. Según explicó, la investigación identificó la presencia en Río de líderes del tráfico de once estados distintos. “Esa mínima fracción que no poseía antecedentes penales no cambia el contexto. Si no hubieran reaccionado, habrían sido detenidos con armas de guerra y granadas”, señaló Curi.
El gobernador Cláudio Castro sostuvo que la acción representó “un duro golpe contra la delincuencia organizada”, y destacó que varios de los muertos figuraban como cabecillas del tráfico en sus lugares de origen. Según Castro, el objetivo era contener la expansión territorial del Comando Vermelho y enfrentar la red de narcotráfico interestatal que opera desde las favelas.
Pese a las justificaciones oficiales, la operación generó un amplio debate en Brasil. Organismos de derechos humanos y representantes de la ONU pidieron una investigación independiente sobre la proporcionalidad de la fuerza utilizada y el elevado número de muertes. La Defensoría Pública, que recopila sus propios datos, elevó la cifra total de fallecidos a 132, mientras el gobierno estadual mantiene la cifra oficial en 121, incluyendo los agentes de seguridad.
En el centro de la controversia, la lista divulgada por la Policía Civil ofrece un retrato detallado de quiénes eran los muertos: hombres en su mayoría jóvenes, muchos con antecedentes por tráfico, homicidio o robo, y otros señalados como líderes de facciones regionales del Comando Vermelho. La publicación de los nombres y antecedentes busca, según las autoridades, dar transparencia a una operación que ha dividido a la opinión pública entre quienes la consideran un golpe necesario al crimen organizado y quienes la ven como un episodio más de violencia estatal en las favelas de Río.
