Las proyecciones del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que, hasta 2023, en la Región de Antofagasta habría 13.664 personas en situación migratoria irregular, un aumento de 131,48% respecto a 2022. Esos datos se han convertido en un punto central del debate público y electoral sobre qué hacer frente a la migración no regularizada.
La discusión se polariza entre quienes piden mayor fiscalización y expulsiones rápidas, y quienes plantean políticas de regularización o mecanismos temporales para integrar a trabajadores que cubren puestos escasos en el mercado laboral local. En ese contexto, dirigentes políticos han enfatizado posiciones contrapuestas.
El senador Pedro Araya (PPD) defendió la expulsión acelerada de quienes ingresan fuera de la normativa: “siempre hemos sido partidarios de agilizar lo más posible la expulsión de inmigrantes indocumentados”, señaló, y agregó que deben existir “señales claras” para que el ingreso irregular no sea sin consecuencias.
La senadora Paulina Núñez (RN) vinculó el fenómeno con la ausencia de control fronterizo y exigió medidas estrictas: “la cifra de migrantes en situación irregular en Antofagasta refleja el abandono del control fronterizo y la falta de decisiones firmes del gobierno”, afirmó, y llamó a una fiscalización masiva con expulsiones para quienes no regularicen su situación.
Desde otra vereda, el senador Esteban Velásquez (Frevs) resaltó la necesidad de considerar el rol que cumplen las personas migrantes en el mercado laboral. Recordó solicitudes de la Sociedad Nacional de Agricultura para formalizar trabajadores temporeros y subrayó que en la región —además de la minería— hay extranjeros desempeñándose en sectores como construcción, hotelería, gastronomía, estaciones de servicio y recolección de residuos, labores que requieren cobertura de mano de obra.
