El Transporte Libre de Tarija dio un plazo hasta el 20 de octubre al Gobierno Municipal para rescindir el contrato con la empresa Smart Solutions, encargada del sistema de fotomultas en la capital chapaca. Pasada esa fecha, el sector no descarta asumir medidas de presión, al considerar que existe un abuso en los cobros y una falta de socialización del proyecto.
El dirigente del Transporte Libre, Luis Casso, denunció que las sanciones se incrementan desproporcionadamente con el paso de los días, llegando incluso a multiplicarse por cinco respecto al monto original.
“Las multas se cobran con interés sobre interés. Una infracción de 62 bolivianos, después de algunos días, llega a costar 300. Hemos dado plazo al alcalde hasta el 20 de octubre, a partir de esa fecha, vamos a tomar las medidas que aconsejen”, advirtió.
El dirigente también cuestionó las condiciones del sistema vial urbano, señalando que el Municipio no ha garantizado una infraestructura adecuada para aplicar sanciones automatizadas. Refirió que en Tarija hay semáforos obsoletos, sin temporizadores, avenidas sin alumbrado público, rompemuelles despintados y calles llenas de baches; lamentó que en vez de solucionar eso, el Municipio busque multar al ciudadano.
Casso aseguró que las fotomultas no fueron socializadas con el sector del transporte y pidió conocer bajo qué criterios se implementaron.
El Transporte Libre adelantó que no pagará las multas aplicadas bajo el actual sistema y ratificó que, a partir del 21 de octubre, se definirán acciones de presión si el contrato con la empresa no es anulado.
Entre los sectores que también expresaron su rechazo a las fotomultas se encuentran la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y la Federación del Autotransporte 15 de Abril, que piden una revisión integral del convenio y del sistema de control vehicular implementado por la Alcaldía.
