Qué significa el estado de conmoción exterior que busca declarar Maduro en Venezuela tras la ofensiva de Donald Trump

El líder chavista sostuvo que buscará activar todas las fuerzas armadas para que respondan a “cualquier amenaza o ataque”; qué establece la Constitución venezolana

El pasado 19 de septiembre, la administración Trump anunció un nuevo ataque militar contra una presunta embarcación de narcotráfico que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Esta acción representa la tercera ofensiva conocida por parte del Ejército en lo que va del mes, por lo que el líder chavista Nicolás Maduro informó este martes que evalúa declarar el estado de conmoción exterior en todo el territorio venezolano.

El estado de conmoción exterior o interior está contemplado en el artículo 338 de la constitución venezolana de 1999. El mismo puede decretarse en caso de que un conflicto interno o externo “pongan en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos e instituciones”.

La medida le otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios para movilizar tropas, restringir derechos civiles, controlar medios de comunicación y adoptar decisiones excepcionales. Sin embargo, no pueden limitarse derechos intangibles como:

“El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, remarca la Constitución sobre la forma en qué se debe aplicar el estado de conmoción exterior.

Por cuánto tiempo se mantiene el estado de conmoción exterior

La normativa puede prolongarse por 90 días. Este plazo puede extenderse otros noventa días si cuenta con la aprobación de la Asamblea Nacional.

En ese sentido, la Constitución venezolana estipula que el decreto del estado de conmoción exterior debe presentarse “dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado” a la Asamblea o a la Comisión Delegada para su aprobación. Luego, se envía a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se “pronuncie su constitucionalidad”.

Las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos comenzaron el 14 de agosto, cuando el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) ordenó el despliegue de las fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe para combatir contra los cárteles del narcotráfico que operan en esa parte del continente americano.

Pocos días después del despliegue, el ejército estadounidense mató a 11 personas en un ataque similar contra una lancha en movimiento. A través de su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump vinculó esa embarcación con el grupo Tren de Aragua, una “organización terrorista extranjera designada” que, según él, opera bajo el control de Nicolás Maduro.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, en el área de responsabilidad del Comando Sur. Es una organización terrorista extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia, y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental», explicó el presidente de EE.UU.

El 15 de septiembre se produjo un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe que mató a tres personas. Y a los cuatro días, se conoció el tercer ataque, por lo que el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, afirmó que Estados Unidos libraba una “guerra no declarada” contra Venezuela en el Caribe.

“Es una guerra no declarada, y ya se puede ver como personas, sean o no narcotraficantes, han sido ejecutadas en el mar Caribe; ejecutadas sin derecho a la defensa», sostuvo Padrino al presentar un informe sobre los recientes ejercicios militares de Venezuela en el Caribe.