Un reportaje del equipo de investigación de BioBioChile reveló cómo operaba una red de trata de personas para explotación sexual en Antofagasta, que fue desarticulada hace pocas semanas por la Fiscalía y PDI con 22 formalizados.
Según el reportaje, las ganancias de una dueña de una peluquería fue el hilo conductor de las pesquisas, ya que sus ganancias no cuadraban.
La peluquería KazualStylo estaba a pasos de la Plaza Colón, que contaba con una estación para maquillaje, tres puestos para cortar cabello y un privado para pestañas -incluso con una tienda de ropa juvenil al fondo, poleras, pantalones y gorros para vestir a los clientes- Pero a pesar del éxito del negocio, los $781 millones que la arrendataria de calle Condell registraba en sus cuentas bancarias no podían ser sólo por servicios de belleza.
Venezolana y madre de dos hijos, Yeimar había llegado a la ciudad en 2021. Ese mismo año, abrió un primer negocio, Gaby Pestañas, con el que deambuló por distintas ubicaciones, precisa desde Bio Bio.
Si bien los datos entregados a Impuestos Internos mostraban ganancias exiguas o incluso pérdidas, sus redes sociales exhibían una vida de lujo, autos caros y vacaciones en el extranjero.
Y, aunque suene paradójico, parte de la explicación estaba en la peluquería. O, al menos, unos metros más arriba. Porque mientras la planta baja estaba equipada para recortar barbas y embellecer pestañas, el segundo piso entregaba los réditos de la explotación sexual de mujeres.
Para el Ministerio Público, Yeimar era pieza clave de una red dedicada principalmente a la trata de personas. En total, eran cuatro clanes familiares, entre ellos el encabezado por “Gaby”, que conformaban la asociación. Todos liderados por mujeres, operaron al menos seis locales en la ciudad nortina, movieron $3.500 millones en cuatro años y sometieron a decenas de jóvenes a la llamada “esclavitud del siglo XXI”.
Cuando la PDI irrumpió en los seis locales que estaban regidos por la organización, las víctimas comenzaron a aparecer una por una. 18 en total. Ocurrió el 14 de agosto recién pasado.
En sus testimonios —a los que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío— se repiten los modus operandi empleados para someterlas: desde cobros excesivos por usar una cocina, hasta amenazas de muerte a familiares en el extranjero.
Según consta en el expediente judicial, de los seis inmuebles allanados, la mitad pertenecía al clan Grillo-Ubillo, liderado por Dayana.
Ella recibía personalmente a los clientes y les presentaba a las mujeres en su antro de Eduardo Orchard, según pudieron comprobar agentes encubiertos de la PDI. Además, manejaba el Café Dayana, en el subterráneo del Centro Comercial Caracol de Prat, y un recinto de calle Adamson, llamado la Casa Rosada.
Una de las víctimas que estuvo allí contó a la policía que clientes la amenazaron dos veces con armas de fuego: una por no querer consumir pasta base, la otra por no querer hacer un trío.
«Esta chica la captaron cuando tenía entre 16 y 17 años», contó la fiscal Claudia Vega en la audiencia de formalización—. Ella asegura que vivían todas bajo amenazas. Debían estar activas las 24 horas.
Al igual que otras líderes, Dayana aplicaba a las víctimas “multas” —deudas por el costo del viaje, cuyo monto en realidad los tratantes fijan a su antojo—. En su caso, les hacía pagar $5 millones por el traslado desde sus países.
La fiscalía también llegó a la conclusión de que Dayana explotó en uno de sus prostíbulos a una venezolana embarazada, quien probablemente era menor de edad. En su ficha de atención en el Hospital Regional de Antofagasta aparecía con 19 años. Sin embargo, el nombre que entregó no coincidía con ningún registro. Ni en Venezuela ni en Chile.
Fue precisamente a través de una interceptación telefónica a Dayana que se descubrió la participación de Yeimar. En esa conversación, la dueña de la Casa Rosada le pidió $8 millones para abrir un nuevo prostíbulo.
Yeimar —exponen documentos judiciales— hacía de financista, mediante préstamos informales con intereses de usura. De acuerdo con lo que se pudo obtener de las llamadas, los cobros estaban a cargo de una red de colaboradores que ella llamaba “los niños”.
Los registros también muestran una participación activa de Ángel G., esposo de Yeimar desde 2021. El hombre era representante legal de la empresa fachada que tenía domicilio en la peluquería y participaba en la administración de la red de préstamos.
Los imputados fueron formalizados por trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos y asociación criminal. La jueza de Garantía concedió la prisión preventiva para 21 de los imputados. 18 de ellos apelaron ante la Corte de Antofagasta, pero el tribunal de alzada confirmó su ingreso a la cárcel.
