La minería crece en cuanto a la cantidad de operaciones y volúmenes de producción, pero a la par aumenta la inseguridad en los yacimientos cooperativizados: hasta el momento se reporta 83 fallecidos frente a lo cual, la Fiscalía de Distrito de Potosí abrió 21 procesos contra los presuntos responsables.
El Ministerio Público está avanzando en la investigación de los diferentes casos relacionados con la muerte de mineros en el Cerro Rico de Potosí y zonas aledañas.
Ese proceso pretende establecer responsabilidades de los dueños o administradores de yacimientos mineros por posible negligencia en el tipo de seguridad industrial que implementan para sus trabajadores.
El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, inició los procesos de investigación porque hasta antes de su llegada a la institución las muertes en mina no eran sancionadas, pese a dejar a familias en indefensión económica
En algunos de los casos se avanzó con la investigación y los presuntos autores están siendo procesados por la comisión del delito de homicidio culposo por no implementar las medidas de seguridad necesarias.
Esos casos se centran en la responsabilidad de los propietarios por las condiciones inseguras en las minas y las muertes resultantes.
Hasta la gestión 2024 los dueños de las minas o administradores de las mismas solamente estaban conminados a pagar 24 sueldos a los familiares de la víctima.
Lamentablemente pocos casos de muertos en mina llegaban a la Dirección Departamental de Trabajo y pocos eran los que cancelaban la suma de 60 mil Bolivianos por el fallecimiento de sus peones o empleados al interior del yacimiento minero.
En la mayoría de los casos los responsables del área de trabajo minero acordaban a los familias un pago único que en algunos casos llegaba a los 3.000 Bolivianos que solamente era para los gastos funerarios.
La Defensoría del Pueblo de Potosí lamentó que los encargados de las minas cooperativizadas continúan contratando menores para que realicen trabajos en interior mina.
