La Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA), que agrupa a las nueve comunas de la región, emitió una nueva declaración pública en la que reiteran su preocupación por la situación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur y vuelven a exigir una serie de medidas concretas para enfrentar los problemas de gestión que, aseguran, persisten en el sistema.
El pronunciamiento fue acordado durante la última asamblea realizada en San Pedro de Atacama, donde los municipios reafirmaron su “compromiso con la Educación Pública y de Calidad” y entregaron su “total apoyo a las autoridades municipales de las comunas socias de AMRA, que están haciendo frente a la compleja situación que afecta a las comunidades educativas de Tocopilla, María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama y Calama”.
Entre los puntos centrales de la declaración, solicitaron “la reestructuración del SLEP, de modo que asegure una gestión acorde a los desafíos que se impuso”, agregando que “disminuir y eliminar la segregación socio-pedagógica que mantiene en el tiempo la réplica de la estratificación socioeconómica, debe ser un objetivo del SLEP y claramente no estamos en esa dirección”.
Además, exigieron un plan claro de fiscalización: “Exigimos un plan de seguimiento y fiscalización al cumplimiento de las obligaciones que impone el SLEP, identificando los plazos y los responsables correspondientes en cada comuna, con el fin de tomar medidas claras y oportunas que permitan corregir y subsanar los problemas que se deriven del incumplimiento, de manera eficaz y eficiente”.
También solicitaron contar con una matriz de riesgo “que permita prevenir o minimizar la ocurrencia de problemas”, y participar activamente en el diseño e implementación de dicho instrumento.
Uno de los puntos más enfáticos fue la petición de evaluar la continuidad del actual encargado del servicio: “Solicitamos evaluar la remoción del encargado del SLEP Licancabur, que ha mostrado un estilo de trabajo displicente y poco diligente, en la mayoría de las comunas”.
Los municipios manifestaron además su crítica a la falta de aprendizaje y ajustes en la implementación del modelo: “La situación del SLEP Licancabur demuestra que no se realizaron aprendizajes, ajustes y cambios que apunten a mejorar los resultados, pese a la postergación 2023 y 2024”.
Finalmente, cuestionaron las recientes declaraciones del SLEP que —a su juicio— buscan traspasar responsabilidades a los municipios: “Exigimos también que desde el SLEP Licancabur no se emitan afirmaciones en las que trasladan responsabilidades a los municipios y confunden a la opinión pública, provocando conflictos que no buscan otra cosa que eludir la responsabilidad que les cabe en los problemas que se están generando”.
