La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se reunirá mañana en un Plenario Nacional de Secretarios Generales, Consejo Directivo y delegados de los gremios afiliados para definir el “plan de acción”, que incluye la posibilidad de un paro de actividad.
El plenario está convocado para este martes por la mañana en el Salón Felipe Vallese de la Confederación General del Trabajo (CGT), ubicado en Azopardo 802 de la Capital Federal.
“Durante el plenario se evaluará el plan de acción a tomar respecto a las recientes medidas autoritarias que tomó el Gobierno Nacional vinculadas a la actividad del transporte como son la desregulación de la Marina Mercante y del sector aeronáutico, el desguace de Vialidad Nacional y el intento de atentar contra el derecho a huelga, entre otros temas”, indicaron desde la CATT.
Según señalaron desde la entidad que preside Juan Carlos Schmid, “se informará sobre la evaluación y afectación de cada sector con respecto a los recientes Decretos, las próximas medidas a tomar por los gremios del transporte respecto a la actual situación”.
La CATT, que agrupa a gremios clave como los ferroviarios, aeronáuticos, marítimos, portuarios, colectiveros y camioneros, considera que las recientes medidas del Gobierno implican una «agresión directa a la estructura productiva y logística del país», afectando la seguridad laboral de miles de trabajadores. En particular, la liberalización del espacio aéreo y la apertura del cabotaje a banderas extranjeras son vistas como amenazas a la soberanía y al empleo argentino en sectores estratégicos.
Desde la CGT, varios sectores expresaron su respaldo a la convocatoria del plenario, advirtiendo que el transporte es esencial para el funcionamiento del país y que su desregulación sin diálogo puede generar conflictos sociales de gran envergadura. En ese sentido, algunos dirigentes sindicales ya comenzaron a coordinar acciones conjuntas con gremios fuera del ámbito del transporte para aumentar la presión sobre el Ejecutivo.
El Gobierno, por su parte, sostiene que las reformas buscan «modernizar y hacer más competitivo» al sector, atrayendo inversiones y reduciendo costos logísticos. No obstante, los sindicatos denuncian que no han sido consultados y que estas políticas solo benefician a grandes grupos empresarios, dejando de lado el rol del Estado y precarizando condiciones laborales históricamente protegidas por convenios colectivos.
