Vecinos de este pueblo y de Los Toldos reclaman un tratamiento especial para los lugareños que deben transitar en ambos países. Los organismos de derechos humanos están en alerta por el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.
En los departamentos San Martín y Rivadavia, donde se prevé que se extenderá el control en el marco de la Operación Roca, aún no hay presencia de las fuerzas armadas. El ministro de Defensa, Luis Petri, que esta semana visitó la provincia de Salta, aclaró que la presencia militar en «lugares inhóspitos» de la frontera se extenderá en el territorio recién en «aproximadamente un mes». Los organismos de derechos humanos están en alerta por el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.
A la espera de este despliegue las fuerzas de seguridad nacionales vienen incrementando el control para evitar el tránsito por los pasos no habilitados en la localidad de Salvador Mazza, que linda con Pocitos, en Bolivia. En ese marco ayer, la Policía Boliviana y Gendarmería Nacional llevaron a cabo ayer un megaoperativo de control en la quebrada que separa a ambos países.
Este operativo sería parte del Plan Güemes, que comprende también a la Operación militar Roca, con el que el gobierno nacional busca profundizar los controles en la frontera norte. Los antecedentes de colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países vienen de larga data y operativos binacionales como el de ayer se realizan mes a mes, sin embargo, la práctica hace que luego los pasos vuelvan a ser usados. Sin embargo, esta vez se asegura que los controles seguirán y solo se podrá pasar por el puente internacional, el único paso habilitado.
«El Operativo Binacional es el resultado de los acuerdos bilaterales, con el objetivo de fortalecer la vigilancia, el control y la lucha contra los delitos transfronterizos», informó escuetamente la Policía Boliviana.
El aumento de los controles provoca zozobra en los habitantes de frontera, que desarrollan su vida de uno y otro lado de la frontera, como contaron a este diario los concejales de Salvador Mazza Raúl Soruco y Sergio Caballero.
La presencia de Gendarmería se amplió desde el 6 de mayo, cuando se apostó en los pasos que extienden desde el puente internacional, donde están los controles de Aduanas y Migraciones, por unas diez cuadras, cuyas casas lindan con Bolivia, lo que dificulta el control.
Por esos pasos no habilitados transitan mayormente los lugareños que en este momento compran alimentos, vestimenta y artículos del hogar en Bolivia, porque les favorece el cambio. “Todos los productos de primera necesidad, es mucho más barato comprarlos del otro lado. Todo está más barato del otro lado, aires acondicionado, heladeras, electrodomésticos» en general, precisó el concejal Soruco. La diferencia llega a ser del 50%.
“Esto nos va a perjudicar muy grandemente a nosotros, los que vivimos en la frontera”. “Si uno quiere traer diez kilos de yerba, diez de azúcar, diez de fideos no lo van a dejar pasar”, solo se puede pasar de un kilo, insistió el edil.
«Este Plan va a traer un problema muy grande económico acá en la localidad, ya que aquí nosotros no tenemos industrias, nuestros campos son muy chicos y nosotros vivimos del comercio”. Y actualmente “el comercio está muerto, la gente no puede vender nada porque todo del otro lado es barato”, él mismo tuvo que cerrar su carnicería, contó.
La cuestión es que los organismos de control del país, el Senasa, Aduanas, y Gendarmería, no permiten pasar productos frescos como huevos, frutas y verduras, “no se puede pasar”. En Bolivia el cuartil de tomate, 2,800 kilos, cuesta $2 o $2.500 pesos, mientras que del «lado argentino» el kilo cuesta $2 mil. En Salvador Mazza las verdulerías también venden productos de Bolivia, pero ya con un sobreprecio.
Sergio Caballero, vicepresidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, coincidió en que el Plan Güemes «afectó mucho» en Salvador Mazza, «porque la mayoría de la gente» de aquí «trabaja en la parte del bagayo, son bagayeros, estibadores».
El motor económico es el intercambio comercial, la gente que compra para consumo propio o para revender en el territorio nacional. Está todo organizado, hay pasadores. “Hay un trabajo informal que da de comer a mucha gente, el taxista, el remisero, el que pasa en el hombro” porque como es quebrada (donde están los pasos no habilitados) pasan caminando. “Hay mucha gente que vive de este tipo de trabajo”.
«Las fronteras siempre se manejan así, el argentino compra en Bolivia, el boliviano comprá acá en Argentina. Se manejan como en toda frontera, tiene sus pros y sus contras. Está bueno que hay más controles para ir en contra del narcotráfico y la contra es que la gente se está quedando sin trabajo. Ese es el gran problema que está pasando en nuestra localidad», agregó Caballero.
La dificultad de controlar
Por otro lado, conocedor de su territorio, Soruco considera que el control será difícil en esta amplia frontera en la que calcula que hay unos 70 pasos no habilitados, entre la zona urbana y la rural.
Por ejemplo, Soruco reside a 300 metros de la frontera, a 200 metros tiene familiares que para llegar al límite internacional solo tienen que hacer 100 metros y “ya están en Bolivia, encima pasan y ahí tienen el mercado, tienen las carnicerías, los negocios que venden todo». En cambio, «si quieren pasar de forma legal, tienen que ir hasta el centro, ocho cuadras, y de ahí tienen que hacer otras ocho cuadras para volver hasta ese lugar”.
