Trump también anunció recientemente que estaba finalizando un memorandum presidencial para “acabar con las remesas” enviadas por personas que están en Estados Unidos sin autorización. Y el proyecto presentado por los republicanos afectaría a los titulares de permisos de residencia permanente y titulares de visas de no inmigrante, como las de tipo H-1B, H-2A y H-2B. Los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos.
Los funcionarios de la Casa Blanca y del Tesoro no respondieron a las solicitudes de comentarios de la agencia The Associated Press sobre los detalles del memorandum presidencial que Trump adelantó en una publicación de Truth Social el 25 de abril y cómo funcionaría.
Según el Banco Mundial, las remesas enviadas a los países de origen en 2023 totalizaron alrededor de 656.000 millones de dólares, equivalente al producto interno bruto de Bélgica. En el caso particular de los migrantes mexicanos, el dinero que envían a sus familiares creció un 7,6% en 2023, alcanzando un récord de 63.300 millones de dólares en ese año.
Para Nicaragua, las remesas desde Estados Unidos representan alrededor del 27 % del PBI. Le siguen Honduras (25 %), El Salvador (23 %), Guatemala (19 %), Haití (18 %) y Jamaica (17 %).
Las remesas también son un factor importante en la economía global, ya que a menudo se envían a través de servicios de transferencia de dinero estadounidenses en lugar de bancos y cooperativas de crédito. India, México y China son los mayores receptores de esos fondos, según el Banco Mundial.
Expertos en remesas, líderes locales y antiguos migrantes dicen que prohibir, limitar o agregar un impuesto a ciertas remesas podría dañar a los países que dependen de ellas, resultar oneroso para los ciudadanos y empresas estadounidenses y, paradójicamente, terminar causando aún más migración ilegal a Estados Unidos.
El flujo de dinero proporciona un importante sustento económico a los residentes de países pobres que a menudo tienen poco acceso a empleos o ingresos. Las remesas brindan oportunidades a las personas en su país de origen, lo que hace menos probable que tomen el riesgo de migrar a Estados Unidos, dicen los expertos.
Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano, señaló que cualquier medida para reducir las remesas tendrá un impacto negativo en el interés nacional de Estados Unidos y en el país de origen.
Los defensores de los esfuerzos para gravar las remesas dicen que se trata de un impuesto efectivo a las personas que están sin permiso en Estados Unidos y podrían ser una fuente de ingresos para el gobierno estadounidense.
Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por menos inmigración, afirma que limitar, prohibir o gravar las remesas haría la vida más difícil para los inmigrantes que están en Estados Unidos sin autorización.
“Una de las principales razones por las que la gente viene aquí es para trabajar y enviar dinero a casa”, comentó Krikorian. “Si eso es mucho más difícil de hacer, se vuelve menos atractivo venir aquí”.
La legislación para controlar las remesas a través de impuestos sobre las transferencias de dinero, nacionales e internacionales, ya se ha propuesto en 18 estados en los últimos años. Casi todos esos esfuerzos han sido rechazados.
La excepción es Oklahoma, que en 2009 aprobó un impuesto sobre las remesas: una tarifa de 5 dólares por cualquier transferencia de dinero inferior a 500 dólares y un 1% sobre cualquier cantidad superior.
Steven Yates, que actualmente es investigador de alto nivel en el Heritage Institute, escribió para el America First Policy Institute que cada estado debería adoptar esta política como una forma de combatir el impacto de la inmigración ilegal.
Otros altos funcionarios del gobierno de Trump también han apoyado los esfuerzos para endurecer los controles sobre las remesas. Cuando era senador de Ohio en 2023, el actual vicepresidente J.D. Vance fue uno de los proponentes de la Ley Wired, que habría impuesto una tarifa del 10% a las remesas enviadas desde Estados Unidos.
