Si bien los hechos de violencia son los más bajos, según la Fiscalía, desde el 2018, los tres años de la medida han tenido grandes costos monetarios y logísticos.
La próxima semana se cumplen tres años desde que, el entonces recién asumido gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció que aplicaría una resistida medida por el oficialismo: Estado de Excepción en la Macrozona Sur. La noche del 17 de mayo del 2022, la exministra del Interior, Izkia Siches, informó que “hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos, decretando Estado de Emergencia para el resguardo de las rutas”.
La decisión informada por Siches, y de la que ya han pasado 1.091 días, fue un vuelco en la postura del gobierno: cuando asumieron decidieron no renovar la medida que había aplicado la saliente admnistración de Sebastián Piñera.
A tres años de esa decisión, la presidencia de Boric se ha convertido en la que más ha aplicado la medida constitucional en la zona, lo que ha significado una importante disminución en los hechos de violencia, pero que ha tenido grandes costos económicos y al interior de las Fuerzas Armadas (FF. AA).
Si hay algo que no ha variado desde que el anterior gobierno decretó el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, son las zonas donde esta se ha aplicado. Al igual que en 2021, la actual administración lo decretó en las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío y en toda la Región de La Araucanía.
Lo que sí ha variado durante estos tres años, es la forma en la que se aplica. En un comienzo, el Ejecutivo anunció que la medida era “acotada”, especialmente para resguardar las carreteras. Algo que generó críticas en las autoridades de la zona y en la oposición. Aquello se mantuvo hasta junio del 2023, cuando se eliminó del decreto las referencias a rutas específicas con el fin de entregar mayor “flexibilidad” al despliegue de las FF. AA, poniendo fin a lo “acotado” de la medida.
Lo que también ha variado en estos tres años, y dado el contexto de la crisis de seguridad, es la forma en la que se piden las prórrogas de la medida constitucional. En enero del año pasado, se aprobó que las prórrogas de esta medida constitucional se pidan cada 30 días y no cada 15.
Con los dos plazos, hasta ahora y desde su aplicación, se han aprobado un total de 56 prórrogas en los casi 36 meses que lleva.
Desde el comienzo de la medida, las tres ramas de las FF. AA -Ejército, Armada y Fuerza Área (Fach)- han tenido, en general, zonas establecidas para actuar. Los primeros lo han hecho en La Araucanía, mientras que los infantes de marina en las dos provincias del Biobío. La Fach, por su parte, es la que entrega los servicios áreas en la zona.
Las labores de las FF. AA en la zona, señalan fuentes que conocen del actuar, consisten básicamente en realizar patrullajes, prestar respaldo a las policías en ciertos operativos complejos, hacer controles y entregar protección a ciertos puntos estratégicos. Para lograr aquello, al menos según lo informado al 2023, existen ocho bases militares de avanzada en cuatro comunas del Biobío y otras cuatro en La Araucanía.
A la fecha, se han nombrado 12 “jefes de la defensa”, que corresponde a quienes han estado a cargo de la seguridad según lo establece la Constitución. En La Araucanía, siete han sido los generales del Ejército han ocupado el cargo. La Armada por su parte en Biobío ha nombrado a cinco.
Los cambios en las FF. AA
Si bien la cifra de funcionarios militares nunca se ha expuesto oficialmente, según las cuentas públicas del Ministerio de Defensa, son cerca de 1.500 efectivos en ambas regiones que se deben desplegar a diario por la medida.
Fuentes de La Tercera, afirman que aquello ha significado un “esfuerzo considerable” en las instituciones. Por ejemplo, quienes conocen de la operatividad del Ejército, explican que al comienzo del despliegue en el 2021 vivieron una especie de “marcha blanca” donde pudieron advertir las complejidades.
Inicialmente se distribuían a militares de las zonas cercanas y por unos 45 días aproximadamente. Desde el 2023, la institución aplicó un “sistema de turnos” rotativos, lo que permitió que los funcionarios ahora estén por 21 días en la zona y se estableció que antes de que vuelvan ahí deben pasar seis turnos.
Efectivos del Ejército cumplen labores de seguridad realizaron patrullajes diurnos y nocturnos en las ruta Q-751 y sector cruce Los Pinos, ruta Q-896, en la comuna de Mulchén, provincia de Biobío.
Además de eso también comenzaron a trasladar uniformados de zonas como La Serena, Santiago o Valparaíso, y hasta de Puerto Montt. A lo que se sumó la ampliación de las especialidades que se despliegan, movilizando a militares, incluso, que realizaban actos más administrativos a las labores en terreno.
Al interior del Ejército, por ejemplo, existe una buena evaluación de lo hecho hasta ahora, dado a que no han existido mayores inconvenientes en la zona. Pablo Urquízar, excoordinador de seguridad en la Macrozona Sur durante el gobierno pasado, sostiene que “desde mi experiencia, tanto las Fuerzas Armadas como las policías han puesto a disposición todos sus medios con compromiso y excelencia para cumplir con los objetivos establecidos por la autoridad política. Su trabajo ha sido riguroso y profesional”.
Una costosa medida
Mover funcionarios a la Macrozona Sur no sólo genera un impacto importante en la operatividad, sino que también en los presupuestos. Las arcas fiscales han debido realizar diferentes gastos, desde la movilización de funcionarios, de diferentes puntos del país, hasta la zona, así como también un incremento en los recursos para alimentación y en las remuneraciones de los militares. A lo que se suma el alza en los recursos para la operatividad y compra de material militar.
