Desde extracciones para pagos no justificados hasta la compra de dólar MEP, algunas de las maniobras que descubrió la (UIF) y que denunció la Procelac.
Siete intendentes y cinco ex intendentes de Tucumán, Catamarca y Salta están sospechados de utilizar los fondos de sus municipios para el lavado de activos, al comprobarse que extrajeron por su cuenta o por vía de terceros autorizados la friolera de $39.487.306.943,14 en distintos períodos entre 2023 y 2024.
Lo hicieron mediante el cobro de cheques por ventanilla y la mayoría no justificó los motivos de esas extracciones, que en muchos casos se hicieron con un sistema de “hormiga”.
La UIF (Unidad de Información Financiera) advirtió a la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) que el mayor número de extracciones coincidió con las fechas en las que se realizaron las elecciones municipales, provinciales y nacionales de 2023.
El grueso del dinero denunciado se retiró de bancos en Tucumán: son más de $36.840.000.000, que representaron el 93,3% del total de lo denunciado. En Catamarca se retiraron $2.508 millones, lo que pretendió justificarse con el pago de personal no bancarizado y becados, pero sin documentación que lo respaldara. En San Carlos, Salta, se extrajeron 131,7 millones pero además el intendente recibió en su cuenta dinero que se transfirió desde el municipio.
Las actuaciones se giraron a las distintas dependencias de la Justicia Federal, que investigan si es que existió lavado de dinero de orígenes delictivos.
En Tucumán, la sospecha es que el dinero se depositó luego en cuentas que lo utilizaron para comprar dólares MEP. Uno de los acusados negó esta posibilidad.
En el último informe que le dio al Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete Guillermo Francos recibió cuatro preguntas sobre este tema pero no dio mayores precisiones. La explicación oficial fue que “no existe prescripción normativa alguna que autorice a la UIF a compartir y/o divulgar la información que eventualmente pudiera existir en los registros”.
Los municipios donde se detectaron las maniobras
Hay ocho municipios en la lupa: cuatro de Tucumán (Banda de Río Salí, Famaillá, Monteros y San Isidro de Lules), tres de Catamarca (Icaño, Corral Quemado y Belén) y uno de Salta (San Carlos).
En Tucumán se retiró 93,3% del total:
$17.256.585.514 en la Banda de Río Salí. Están implicados Jorge Darío y Gonzalo Darío Monteros, padre e hijo. El primero fue intendente y ahora es ministro del Interior de Tucumán. El segundo es el actual intendente.
$11.449.650.000 en Famaillá. Están implicados Enrique y José Orellana, hermanos mellizos. Se alternan la intendencia hace 34 años. Enrique es el actual intendente, José es el exintendente y ahora es legislador.
$4.217.726.577,99 en San Isidro de Lules. Están involucrados Francisco Serra padre y Francisco Serra hijo. El padre fue intendente y es legislador actualmente. El hijo es el actual intendente.
$3.923.287.500,5 en Monteros. Está involucrado el exintendente Carlos Sebastián Gallia, que actualmente es legislador.
En Catamarca se retiró el 6,3%:
$1.113.312.192.65 en Icaño. Está involucrado el actual intendente, Franco Carletta.
$771.000.000 en Corral Quemado. Está involucrado el actual intendente, Osvaldo Isidro Gómez.
$623.996.158 en Belén. Está involucrado el exintendente Daniel Ríos.
En Salta se retiró el 0,4%:
$131.749.000 en San Carlos. Están involucrados el exintendente Héctor Raúl Vargas y la actual intendenta María del Carmen Vargas. La última denunció a su antecesor por la maniobra, pero el retiro de fondos siguió existiendo.
Qué pasó en Catamarca
El intendente Franco Carletta, de Unión por la Patria, retiró $1.113.312.192,65 en 86 operaciones mediante el cobro de cheques por caja, durante el período comprendido entre diciembre de 2021 y junio de 2024, sin aportar documentación de respaldo suficiente para justificar las maniobras. Las extracciones fueron desde $1 millón hasta $90 millones, y más de la mitad de esos fondos se retiraron entre mayo y agosto de 2023; es decir, en coincidencia con los meses previos a las elecciones primarias de ese año, en el que Carletta fue reelecto. Esto fue remarcado por la Procelac en la denuncia.
Además del propio Carletta, las autorizadas a retirar el dinero de esas cuentas eran la secretaria de Acción Social, Jorgelina del Valle Luna; la secretaria de Hacienda, Rita Ramona Aragón; y María Florencia Cabrera, la secretaria de Finanzas.
Aunque el municipio oportunamente informó que utilizó los recursos para el pago de sueldos, becas y ayudas sociales; como único registro aportó una planilla de Excel correspondiente al mes de diciembre de 2021 por un total de $4.946.400: es decir, justificó el 0,4% de los recursos extraídos.
Carletta llegó a la Intendencia sucediendo a su padre, Pío. Declaró como actividad económica principal la cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas en 2013 y como actividad secundaria la cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche en 2023, pero no registra impuestos activos. Junto a su familia es propietario de La Colonia SRL. Es titular de una Toyota Hilux 4X4 que compró ya siendo intendente. Tiene causas no resueltas por abuso sexual.
El otro apuntado es Octavio Isidro Gómez, electo por Juntos por el Cambio, quien cursa actualmente su cuarto mandato consecutivo. En la Municipalidad de Corral Quemado extrajeron $771.000.000 entre diciembre de 2021 y junio de 2024, también bajo la modalidad del cobro de cheques en efectivo, en operaciones que iban desde $1,5 a $85 millones.
Además de Gómez, los autorizados a retirar el dinero eran también el secretario de Hacienda, Pedro Raúl Purulla; y el secretario de Finanzas, Jesús Waldo Ríos.
En este caso, los representantes legales de la Municipalidad habrían suscripto declaraciones juradas sobre el destino y aplicación de los fondos ante el BNA, informando que guardaría relación con gastos y pagos realizados por la Municipalidad que iban desde sueldos y aguinaldos, hasta bonos de fin de año, becas de estudio y de trabajo, proveedores, eventos públicos, honorarios diversos, almuerzos para personal de salud, pago por espacio publicitario, ayudas sociales, contratos municipales y de obras, subsidios, entre otros.
Sin embargo, la UIF advirtió que esto no pudo corroborarse porque la Municipalidad omitió aportar documentación que certificara el cobro e identidad de los beneficiarios de los pagos descriptos. Además, llamó la atención la inusualidad de las extracciones en efectivo por altos montos que se realizaron en coincidencia con los procesos electorales, por lo que intuyeron que «podría obedecer a proselitismo electoral».
