La reciente venta de la Empresa Jujeña de Energía (EJESA) al grupo Edison Energía S.A. desató una fuerte reacción en la Legislatura provincial. diputados del Bloque Justicialista presentaron ayer un proyecto de solicitud de informe dirigido a la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), exigiendo que en un plazo de 15 días se brinden detalles sobre la operación que transfirió el control de la distribuidora eléctrica a manos privadas.
El proyecto busca esclarecer las condiciones de la venta, el impacto que podría tener en el servicio eléctrico y la participación que la provincia mantiene en la empresa. “Es imperativo conocer cómo se llevó a cabo esta operación y sus posibles repercusiones en el control tarifario y la inversión en infraestructura eléctrica”, señalaron los legisladores en el documento. Además, destacaron la responsabilidad del Estado de garantizar que los cambios en la estructura empresarial de EJESA no afecten a los usuarios jujeños, especialmente en un contexto donde las tarifas y la calidad del servicio son temas sensibles.
La preocupación de los diputados se centra en dos ejes: la calidad del suministro eléctrico y el impacto en las tarifas. En los últimos años, EJESA enfrentó críticas por cortes frecuentes y falta de inversión, un problema que se agravó en 2024, cuando los cortes de luz aumentaron un 10% en la provincia, según datos de la propia empresa. A esto se suma el malestar por los incrementos tarifarios: en febrero de 2024, las boletas registraron subas de entre el 100% y el 400%, lo que generó protestas y una judicialización que no prosperó debido a la oposición del Ejecutivo provincial, accionista de EJESA.
La venta a Edison Energía, liderada por la familia Neuss e Inverlat Investments, también despierta interrogantes sobre el futuro del servicio. Si bien el grupo prometió mejoras en la eficiencia y sostenibilidad, los usuarios jujeños temen que la operación derive en nuevos aumentos. En un contexto de inflación acumulada del 3,8% en lo que va de marzo, según el INDEC, y con la temporada de Semana Santa acercándose —que espera un 10% más de turistas según el Ministerio de Turismo de Jujuy—, los legisladores justicialistas insisten en que la SUSEPU debe rendir cuentas para proteger los intereses de la población y garantizar un servicio eléctrico confiable y accesible.
