Si por algo pasó la motosierra la gestión de Javier Milei fue por los haberes jubilatorios que perdieron el 30% de sus haberes en lo que va de la fórmula de movilidad libertaria. Además, los jubilados sufrieron la represión en sus protestas, con lo peor de la violencia vivido este miércoles.
En detalle, la jubilación mínima en marzo se ubica en $279.121,71, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $349.121,71, que cobra casi el 70% de los incluidos en el sistema. Con la modificación de la fórmula de movilidad mediante el DNU 274/2024, el Gobierno aseguró entonces de otorgarle mayores aumentos porque en un contexto de alta inflación los cubriría de perder frente al aumento de precios.
Sin embargo, a pesar de la desaceleración de precios, al estar la fórmula atada a la inflación terminó la pérdida que los haberes. A su vez, ante la recuperación del indicador de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), así como la recaudación de ANSES, terminaron perdiendo en marzo casi un 30% frente a la fórmula incluida en la ley 27.609 de 2021.
En marzo de 2025, con el aumento de 2,2% (IPC de enero 2025) de la fórmula de Milei, la jubilación mínima (sin bono) se ubicará en $279.122, mientras que si hubiera continuado la fórmula anterior se ubicaría en $356.962, esto implica un 27,9% más, según la medición del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En el promedio de las jubilaciones mínimas con bono entre septiembre y noviembre 2023 a marzo 2025, los haberes mínimos perdieron un 13,3% de poder adquisitivo, según la medición del CEPA, porque la variable de ajuste fue ese bono extraordinario que nunca se incorporó al haber y, por lo tanto, tampoco se actualizó y quedó congelado desde el primer día.
Y es que las jubilaciones constituyeron un factor clave en el ajuste del gasto público: explicaron el 19,2% del recorte total del Gobierno de Javier Milei.
A pesar de estas cifras, desde el oficialismo defienden la nueva fórmula de movilidad argumentando que a largo plazo permitirá una recuperación más estable de los haberes previsionales, evitando desajustes fiscales que en el pasado llevaron a la necesidad de financiar el sistema con emisión monetaria. En este sentido, sostienen que la reducción inicial del poder adquisitivo de los jubilados es un efecto transitorio dentro del proceso de reordenamiento de las cuentas públicas.
Por otro lado, diversas organizaciones de jubilados y analistas económicos han señalado que la caída de los haberes no solo afecta la calidad de vida de los beneficiarios, sino que también impacta en el consumo interno, dado que los jubilados representan un sector clave en la demanda de bienes y servicios básicos. De continuar esta tendencia, advierten que podría generarse un efecto recesivo en la economía, perjudicando el crecimiento en el mediano plazo.
En este contexto, algunos sectores políticos y gremiales impulsan la revisión de la fórmula previsional a través del Congreso, buscando establecer mecanismos de compensación que eviten una mayor pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, con un Gobierno decidido a sostener su programa de ajuste, las chances de que prospere una modificación legislativa parecen limitadas en el corto plazo.
