Lo ocurrido el sábado por la noche en Río de Janeiro es la última pieza de una escalada de violencia que está haciendo que Brasil se parezca cada vez más a México. Después de la detención de Rodolfo Manhães Viana, de 34 años, también conocido como “Topo” (“Rato” en portugués), importante miembro del Comando Vermelho (CV), sus hombres asaltaron a tiros la comisaría donde estaba encarcelado. Un policía resultó herido. Unos días antes, también en Río, unos narcotraficantes habían disparado contra un helicóptero de la policía.
Estos incidentes se produjeron en un momento muy delicado para la seguridad del país. Según el fiscal de San Pablo Lincoln Gakiya, que vive escoltado desde hace años por sus procesos contra el Primer Comando de la Capital (PCC), y un informe de inteligencia de la Secretaría Nacional de Políticas Criminales, las dos principales organizaciones criminales, el PCC y el CV, llegaron a una tregua y firmaron una alianza sin precedentes.
“La unificación de los abogados del PCC y del CV fue formulada por miembros de alto rango de las dos facciones. El objetivo sería fortalecer los grupos criminales para, sobre todo, defender las reivindicaciones de sus líderes presos en el sistema penitenciario federal”, señala el informe. “Esta tregua ya existe en Río de Janeiro y San Pablo. La unión de las dos mayores organizaciones criminales del país podría provocar un aumento del tráfico internacional de cocaína, pero también del tráfico de armas hacia Brasil. Se trata de un reparto de rutas y, sobre todo, de un fortalecimiento aún mayor de estas organizaciones criminales”, afirmó Gakiya.
“Es posible que haya una nueva ola de violencia como la de San Pablo en 2006, ya que hay información de que el PCC y el Comando Vermelho han entrado en una tregua para presionar al gobierno, mientras que los abogados vinculados a las facciones están cuestionando las condiciones carcelarias”, explica a Infobae Rodrigo Duton, teniente coronel de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, profesor invitado en el Centro Europeo de Estudios de Seguridad George C. Marshall, en Alemania, e investigador no residente en el Instituto Australiano de Política Estratégica.
En mayo de 2006, el PCC, impuso un toque de queda de una semana en la ciudad de San Pablo, quemando autobuses y matando policías. La espoleta fue la decisión del Gobierno del estado de San Pablo de aislar a los líderes de la facción con el objetivo de desmantelar su organización metiéndolos en cárceles de máxima seguridad. El 11 de mayo, 765 presos fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Presidente Venceslau. Al día siguiente comenzaron los enfrentamientos. El trágico balance de cerca de 500 muertos representó una de las páginas más dramáticas de la emergencia criminal de Brasil.a
“Si el Estado endurece las medidas contra el PCC, podrían producirse protestas, atentados y disturbios, lo que haría probable una reacción violenta”, dijo Duton a Infobae. La tregua habría sido decidida por los dos líderes, Marco Willian Herbas Camacho, conocido como “Marcola”, jefe del PCC, y Márcio dos Santos Nepomuceno, conocido como “Marcinho VP”, jefe del CV. “En realidad, desde el traslado al sistema penitenciario federal (considerado más seguro) de Marcola y otros líderes del PCC en 2019, ya habían pensado en una tregua para que juntos intentaran derribar el rigor del sistema penitenciario federal. Ahora esta tregua se ha materializado”, dijo al sitio de noticias UOL Gakiya. A finales de enero, el fiscal denunció a 12 personas investigadas en la operación Grito Falso, que tenía como objetivo la ONG Pacto Social & Carcelario, que, según la investigación, fue creada, financiada y puesta al servicio del PCC. Según informa el diario O Estado de São Paulo, la presidenta de la ONG, Luciene Neves Ferreira, asistió a reuniones en los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, así como en el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), en Brasilia. “Las facciones estaban consiguiendo su objetivo, que era influir en las políticas públicas del sistema penitenciario”, declaró Gakiya al diario O Estado de São Paulo. Una influencia que también pretendía trascender las fronteras nacionales. La ONG había manifestado incluso su interés en intervenir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el proceso contra el ex guerrillero chileno Mauricio Hernández Norambuena, detenido en Brasil en 2002.
Según los expertos, el objetivo de la tregua entre los dos grupos criminales es presionar juntos a través de sus abogados para relajar las normas dentro de las cárceles y facilitar así la fuga de sus líderes. El otro motivo es una mayor colaboración en las dos principales rutas de tráfico de cocaína en Brasil. La primera es la llamada “caipira” y está controlada principalmente por el PCC. Comienza en Bolivia, pasa por varios municipios del estado de San Pablo, llega al puerto de Santos y desde allí continúa hacia África y Europa. La otra ruta está controlada por el CV y es el río Solimões, en la selva amazónica, por donde entra la cocaína colombiana y peruana. La tregua también podría tener un impacto internacional. Ambos grupos se están expandiendo cada vez más fuera de las fronteras de Brasil. A principios de febrero, un joven brasileño apareció carbonizado en un contenedor de basura en una playa de Lisboa. Según las autoridades, los autores eran miembros del CV. La situación es tan grave que esta semana los ministros de Justicia de Brasil y Portugal firmarán acuerdos bilaterales para luchar conjuntamente contra la delincuencia organizada en los dos países. Sin embargo, el PCC sigue siendo actualmente el mayor a escala mundial, llegando incluso hasta Australia.
Policías realizan un operativo contra líderes del Comando Vermelho (CV), una de las bandas narcotraficantes más poderosas del país, este martes en Río de Janeiro (Brasil). Las autoridades brasileñas desplegaron una gran operación contra líderes del Comando Vermelho (CV), con un balance parcial de diez detenidos, varios heridos y disturbios en la zona. EFE/ Andre Coelho
Rodrigo Duton publicó recientemente un informe para el Instituto Australiano de Política Estratégica titulado “El corredor de cocaína del Pacífico. La ruta de un cártel brasileño hacia Australia”, en el que describe la expansión del PCC hacia el Pacífico. “El PCC se está expandiendo hacia Australia debido al mercado altamente lucrativo de la cocaína, las rutas comerciales establecidas a través del Pacífico, la participación directa en la logística del tráfico y la diversificación en drogas sintéticas como las metanfetaminas y los opioides”, explica Duton a Infobae. Para el experto, “ciudadanos brasileños ya están involucrados en operaciones del PCC en Australia, con casos como el del buzo Bruno Borges Martins, que murió allí cuando intentaba recuperar cocaína insertada en la quilla de un barco. Además, miembros del PCC se están trasladando allí para encargarse de la logística y de los compradores locales. El grupo puede servirse de expatriados brasileños, al igual que ha hecho la ‘Ndrangheta en el pasado penetrando en el país con emigrantes italianos”, alerta Duton. Australia también representa un escenario crucial para entender las futuras estrategias del PCC. “El PCC podría expandirse hacia las drogas sintéticas, como las metanfetaminas y los opiáceos, siguiendo la tendencia de los cárteles latinoamericanos de reducir la dependencia de las drogas naturales. La alta demanda en Australia convierte al país en un mercado estratégico y el grupo podría adoptar el modelo de producción y exportación de los cárteles mexicanos”, dice Duton a Infobae.
Si los mercados internacionales permiten al PCC ganar miles de millones de dólares con el tráfico de cocaína, el grupo necesita entonces lavar el dinero de estas ganancias. “El PCC opera en 23 países y tiene una fuerte presencia en todo Brasil. Además del tráfico de drogas y armas, el PCC lava dinero en sectores como el inmobiliario, el transporte, la minería ilegal, las iglesias neopentecostales, las fintech y la salud pública”, explica Duton a Infobae.
