De acuerdo con el ente fiscalizador, en el Sistema Nacional de Control “estas unidades de auditoría interna de los servicios constituyen la tercera línea de control, velando por que el actuar de la municipalidad se ajuste al marco normativo que las regula, en términos financieros y funcionales”.
Entre sus tareas están: efectuar la auditoría operativa interna de la municipalidad, controlar la ejecución financiera y presupuestaria, presentar al alcalde o alcaldesa los actos municipales que estime ilegales -informando de ello al concejo-, colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y asesorarlo en la definición y evaluación de la auditoría externa que pueda requerir, entre otras funciones.
En detalle, el documento de la Contraloría muestra que en las siete municipalidades de Tarapacá hay en total 29 funcionarios para controlar la ejecución de presupuestos que fluctúan entre los $9 mil y $138 mil millones.
En los municipios más grandes de la región como Iquique y Alto Hospicio 10 funcionarios controlan y revisan la ejecución de un presupuesto de $138.566.827.000 y $71.039.009.000, respectivamente.
En tanto, la Municipalidad de Pica cuenta con tres funcionarios para fiscalizar un presupuesto de $24.914.418.000, mientras que los municipios de Pozo Almonte ($22.702.092.000) y Camiña ($9.274.462.000) sólo tienen dos personas destinadas a estas funciones.
Por último, las municipalidades de Huara y Colchane cuentan con tan sólo un funcionario para controlar y revisar la ejecución de un presupuesto de $15.961.526.000 y $9.367.678.000, respectivamente.
