Según un análisis de Brookings Institution, la inmigración se posicionó como un tema central durante el ciclo electoral de 2024 en Estados Unidos, con el 76% de los republicanos calificándola como una prioridad que deberá ser abordada por el presidente.
Dicha preocupación anticipa posibles cambios contundentes en la política migratoria de Estados Unidos, especialmente bajo la nueva administración liderada por Donald Trump, cuyas propuestas drásticas son bien recibidas por sus simpatizantes, pero han generando temores entre las comunidades migrantes.
El comentario de Tara Watson y Jonathon Zars, publicado por Brookings, analiza posibles escenarios en materia de políticas migratorias bajo la eventual administración de Trump en la Casa Blanca, considerando los desafíos jurídicos, logísticos y sociales que estas podrían implicar.
Durante su campaña, Donald Trump prometió llevar a cabo “el mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos”, señaló el análisis.
En este contexto, Brookings advirtió que, aunque las deportaciones masivas prometidas en su gobierno previo no se concretaron, es probable que la próxima administración implemente “operativos de alto perfil destinados a enviar un mensaje desde el inicio de su administración”.
Estos operativos podrían incluir detenciones en las calles y en lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias. Estas medidas tendrían el potencial de generar una fuerte reacción tanto a nivel nacional como internacional, similar a la controversia que rodeó su política de separación familiar aplicada en 2018.
Además, el análisis advierte que la inclusión de recursos como la Guardia Nacional o fuerzas locales podría enfrentar importantes desafíos logísticos.
Una política migratoria estricta bajo Trump podría incluir detenciones en lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias
Watson y Zars señalan que los aproximadamente cuatro a cinco millones de personas que llegaron recientemente con permisos temporales o citaciones para presentarse ante tribunales de inmigración podrían ser un grupo particularmente vulnerable a medidas estrictas. “Más de la mitad probablemente no obtendrán estatus de estado de asilo”, advirtieron.
Aunque es poco probable que se realicen deportaciones masivas al nivel que Trump prometió en su campaña, el comentario señalo que su retórica ya genera efectos negativos, desalentando a los inmigrantes de trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o buscar atención médica.
El control de la entrada de migrantes y solicitantes de asilo también sería prioritario en las políticas de una nueva administración, y se espera que Trump destine recursos significativos a este objetivo.
Uno de los mecanismos señalados por Watson y Zars implicaría que Trump vuelva a instaurar los Protocolos de Protección Migratoria (MPP), comúnmente conocidos como la política de “Permanecer en México”, aplicada inicialmente en 2019.
El programa retornó a 71.000 solicitantes de asilo, incluidos niños y personas con discapacidades o enfermedades crónicas, al territorio mexicano. Esto generó serias preocupaciones humanitarias debido a la falta de seguridad y las condiciones inadecuadas en los albergues situados del lado mexicano de la frontera.
Sin embargo, estos pasos no solo dependen del Ejecutivo, sino también de la cooperación de México y posibles decisiones judiciales dentro de los Estados Unidos, aseguró el análisis.
En el ámbito de las protecciones humanitarias, se anticipa la eliminación de programas implementados bajo la administración de Biden, tales como los de permisos humanitarios para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela y Ucrania (CHNV y U4U).
Estos mecanismos, que habían beneficiado a alrededor de 500.000 personas, quedarían suspendidos, y quienes ya se encuentran en el país podrían enfrentar un mayor riesgo de deportación al finalizar sus periodos de protección temporal. Además, la administración podría ir más allá e intentar revocar el estatus actual de quienes residen en Estados Unidos bajo estos programas humanitarios, advirtieron los expertos.
Paralelamente, el comentario señaló que las designaciones del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que actualmente beneficia a más de 850.000 personas, podrían ser revocadas, “eliminando de un plumazo tanto sus permisos de trabajo como su protección frente a la deportación”.
El TPS otorga protección temporal a migrantes provenientes de países cuyas condiciones inestables, como desastres ambientales o conflictos armados, impiden su regreso seguro.
El futuro de los beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), conocidos como “dreamers”, permanece incierto. La administración Trump intentó desmantelar el programa en 2020, pero la Corte Suprema bloqueó el esfuerzo. Ahora, existe una alta probabilidad de que este intento sea retomado. Un fallo a favor, según el análisis, podría afectar a aproximadamente 535.000 beneficiarios actuales.
