En este contexto, el expresidente Evo Morales es objeto de persecución judicial, mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) atraviesa una compleja disputa interna, que ha fracturado al liderazgo institucional de su conducción histórica, y al grueso de los Movimientos Sociales con la gestión de los recursos estatales.
Durante su mandato, en 2009, Morales impulsó la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE), que introdujo la elección popular de autoridades judiciales con el objetivo de profundizar la democracia y fortalecer la participación ciudadana.
Así, el pasado domingo 15 de diciembre, Bolivia celebró por tercera vez elecciones judiciales, aunque con notorias diferencias respecto a los procesos de 2011 y 2017. Esta elección, programada inicialmente para 2023, fue postergada debido a la falta de consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional y a recursos judiciales que obligaron a modificar la normativa vigente. Como resultado, las autoridades judiciales extendieron su mandato un año más, con el respaldo del presidente Luis Arce, desvirtuando uno de los mecanismos institucionales del llamado “proceso de cambio”.
Las elecciones, previstas originalmente para el 1 de diciembre, fueron reprogramadas al 15 del mismo mes debido a la “conflictividad social” señalada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Finalmente, el 15 de diciembre de 2024 se llevó a cabo el proceso electoral, pero de manera parcial: solo se eligieron 19 de las 26 autoridades destinadas a integrar los Tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP), Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura, que asumirán sus funciones el 2 de enero de 2025.
El TSE informó que participaron 94 candidatos en estas elecciones, y 7.334.435 ciudadanos estuvieron habilitados para votar. Se dispusieron 33.019 mesas de votación y se movilizó a 230.000 jurados electorales. El voto, de carácter obligatorio, se realizó bajo estrictas restricciones que prohibieron la propaganda y las campañas electorales por parte de los candidatos.
En un proceso electoral marcado por la incertidumbre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rompió su silencio tres días antes de la votación. En su pronunciamiento, defendió las sentencias que viabilizaron las elecciones parciales, responsabilizando a los “actores políticos” de la Asamblea Legislativa por irregularidades en la preselección de candidatos, como el incumplimiento de plazos y la habilitación de postulantes que no cumplían con los requisitos de género y representación indígena.
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, se reunió el 12 de diciembre con la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y denunció una “dura y permanente campaña de desprestigio” contra el tribunal. Hurtado anunció que las irregularidades serían remitidas a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cabe destacar que Hurtado es el primer magistrado en la historia del país en presidir tanto el TSJ (2011-2014) como el TCP (2024), tras más de una década en altos cargos judiciales.
Por su parte, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, expresó el 15 de diciembre su “satisfacción por cumplir con el deber” pero debió reconocer su “profunda pena” por administrar unas elecciones tardías, incompletas y parciales.
Parece increible que la OEA, que desempeñó un papel clave en el Golpe de Estado de 2019, esté de nuevo involucrada en el monitoreo de un proceso electoral de Bolivia. En un comunicado, afirmó que “una justicia independiente es primordial para el fortalecimiento de la democracia”, una línea argumentativa muy en línea por la esgrimida por la derecha boliviana, la más clasista y racista de toda América Latina.
Se debe recordar que esta institución fue cómplice del Golpe de Estado que instaló el gobierno de facto de Jeanine Áñez, cuya represión dejó un saldo de 37 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos en Bolivia. Resulta increíble que el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca acepten las recomendaciones de la OEA, como la de crear un “comité técnico especializado” para garantizar la meritocracia en los procesos de selección judicial, lo que refuerza su rol como brazo diplomático de las políticas intervencionistas de Estados Unidos.
