El empresario ecuatoriano Gustavo Massuh Isaías, condenado por asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht, deberá pagar USD 860.930,99 al Estado ecuatoriano como parte de la reparación por el crimen cometido contra la administración pública. Este monto fue validado por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia el 9 de diciembre de 2024, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre la Procuraduría General del Estado (PGE) y el sentenciado.
Según el anuncio de la Procuraduría, “un Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia verificó las garantías presentadas por Gustavo José Massuh Isaías para el pago de USD 860.930,99 por reparación integral al Estado ecuatoriano”. Este acuerdo estipula que el empresario deberá depositar, en un plazo de ocho días, un monto inicial de USD 200.000, mientras que el saldo restante será cancelado en tres cuotas, conforme al plan de pagos aprobado por la entidad.
La PGE, en su rol de institución encargada de ejecutar las sentencias, avanzó en las diligencias necesarias para garantizar el cumplimiento de la reparación integral, se informó en un boletín oficial. Según el comunicado, el organismo reafirmó que continuará trabajando para “hacer cumplir lo dispuesto en las sentencias dictadas por los jueces competentes y, de este modo, restituir el daño ocasionado al Estado ecuatoriano”.
Massuh Isaías fue condenado por su participación en el esquema de corrupción liderado por la constructora brasileña Odebrecht, que, entre 2007 y 2016, operó un sofisticado sistema de sobornos a funcionarios públicos en Ecuador y otros países de América Latina. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, este sistema incluyó pagos ilícitos a través de empresas de fachada y cuentas en paraísos fiscales. En el caso ecuatoriano, se estima que los sobornos superaron los USD 33,5 millones.
La trama Odebrecht comprometió importantes proyectos de infraestructura en Ecuador, como el Poliducto Pascuales-Cuenca y el Trasvase Daule-Vinces. Massuh Isaías, según las investigaciones, actuó como intermediario en varias de las transacciones ilegales, facilitando los pagos a funcionarios públicos a cambio de contratos para la constructora brasileña.
