La fiscalía hondureña sigue sin dar noticias sobre una de las investigaciones más importantes que tiene entre manos, la que involucra a Carlos Zelaya Rosales, ex congresista y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, por un video en el que él aparece negociando un soborno con Los Cachiros, la banda más letal del narcotráfico hondureño.
El video, grabado en 2013, se hizo público en septiembre de este año y motivó la apertura de un expediente en el Ministerio Público. Desde entonces, sin embargo, poco se sabe de las pesquisas y del paradero de Zelaya Rosales.
Son investigaciones como esta, en las que están implicadas personas con suficiente poder político para evadir la justicia o corromper a fiscales o policías locales, las destinadas a recibir apoyo del mecanismo supranacional de investigación criminal que el gobierno de Honduras lleva años negociando con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esa fue una de las principales promesas de campaña de Xiomara Castro: llevar a su país un mecanismo avalado por la ONU para apoyar a la fiscalía local con investigaciones de altos vuelos, capaces de desarmar redes de narcotráfico, meter en la cárcel a políticos y empresarios corruptos e impulsar una reforma encaminada a limpiar la mancillada judicatura hondureña. Castro está a un poco más de un año de dejar la presidencia y la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que es como se bautizó al mecanismo, sigue lejos de instalarse Honduras.
Una comisión apoyada por expertos de la ONU, financiada por la comunidad internacional, independiente de las presiones políticas internas y con capacidades técnicas para seguir dineros robados del tesoro nacional o blanqueado por narcotraficantes, parecía una receta idónea para Honduras, un país cuyo último presidente, el antecesor de Castro, cumple en Estados Unidos una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico, y cuyos poderes públicos, desde la presidencia hasta los gobiernos locales, su congreso y órgano judicial, se han visto comprometidos por la influencia de los grandes traficantes de cocaína.
Hasta ahora la comisión apenas existe en el papel. Hay, sí, un memorándum de entendimiento firmado por el gobierno de Honduras y la secretaría general de las Naciones Unidas, y ya un panel de expertos enviados por la ONU visitó Tegucigalpa, la capital, para hacer recomendaciones específicas. Aun así, casi cuatro años después de aquella promesa, la CICIH no parece más cerca de instalarse en Honduras.
La ruta de navegación ha sido larga, pero el puerto aún no aparece en el horizonte. Todo empezó en febrero de 2022, cuando en el arranque del gobierno de Castro, el congreso hondureño aprobó un megadecreto que incluía una provisión para la eventual instalación de CICIH.
Uno de los artículos del decreto habla de una comisión “que funcione de forma independiente… con énfasis en inteligencia y análisis financiero, y las acciones punitivas para combatir formalmente el saqueo de bienes públicos… (La entidad) debe estar dirigida por profesionales de reconocida honorabilidad, seleccionados por el Estado de Honduras de una propuesta de Naciones Unidas”.
