Los peligros eran evidentes. Los principales asesores económicos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se los habían señalado una y otra vez: cualquier intento de suavizar el plan de austeridad fiscal que se estaba elaborando provocaría un desplome -otro desplome- de los mercados financieros brasileños.
Sin embargo, Lula decidió que no le importaba y pidió a sus colaboradores que incluyeran una serie de medidas de reducción de impuestos para los pobres en el paquete presentado a finales de la semana pasada, con lo que se atenuaría el ahorro tan necesario que generaría el plan. Los mercados, como se había anunciado, se desplomaron de inmediato, borrando un 2,4% de una bolsa que ya llevaba meses cayendo y enviando la moneda a un mínimo histórico frente al dólar.
Casi dos años después de su regreso al poder, Lula se encuentra repentinamente en un momento crítico. A sus 79 años, ya no es, como revelaron los acontecimientos de la semana pasada, el operador político pragmático que era hace dos décadas, dispuesto a hacer sacrificios cruciales para mantener a los inversionistas de su lado. La cuestión es si ahora es tan dogmático que seguirá resistiéndose a las peticiones de sus asesores de un paquete de recorte del déficit lo suficientemente agresivo como para estabilizar los mercados y, a su vez, toda la economía brasileña.
La caída del real de la semana pasada ya ha llevado a los operadores a predecir que el banco central tendrá que subir la tasa de interés de referencia hasta el 15% -en un momento en que muchos otros países están reduciendo los costos de endeudamiento- para mantener la inflación bajo control.
“El gobierno no está dispuesto a afrontar el costo político necesario para mejorar las perspectivas de las cuentas públicas”, afirmó Milena Landgraf, socia de Jubarte Capital en São Paulo. “Ha perdido la oportunidad de cambiar las expectativas”.
El plan prevé recortar unos 70.000 millones de reales (USD 11.600 millones) hasta 2026 limitando las alzas del salario mínimo, los ingresos de los empleados públicos mejor pagados y los bonos salariales a los trabajadores con rentas más bajas. Establece una edad mínima para la jubilación militar y prohíbe tanto la creación como la ampliación de recortes fiscales cuando haya déficit presupuestario primario, lo que excluye el pago de intereses.
Cuando llegó el momento de dar a conocer los recortes de gastos, Lula estaba tan preocupado por cómo serían percibidos que exigió formas de suavizar el impacto entre el electorado, según personas con conocimiento del asunto.
La presidencia llegó incluso a pedir al asesor de marketing de la campaña de Lula que hiciera recomendaciones sobre el discurso nacional que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad -considerado como el posible sucesor del presidente- haría sobre el paquete, dijeron dos de las personas, que pidieron el anonimato porque la información no es pública.
La solución fue eximir del pago del impuesto sobre la renta a los trabajadores con salarios mensuales de hasta 5.000 reales. Para ayudar a compensar las pérdidas de ingresos por ese cambio, el gobierno cobrará gravámenes más altos sobre los ingresos superiores a 50.000 reales.
La medida de Lula fue una derrota para su equipo económico y dejó a sus miembros con la esperanza de que el optimismo de los inversionistas mejore para cuando el Congreso vote las medidas.
“Hubo una frustración generalizada, no solo porque el paquete no cumplió las expectativas, sino también porque vino con una medida compleja que tiene el potencial de empeorar los resultados fiscales a corto plazo”, dijo Tiago Sbardelotto, economista de XP Inc.
