La Cámara de Diputados y Diputados chilena aprobó una reforma a la Ley de Migraciones que busca robustecer las reglas para el ingreso, estadía y nacionalización de los migrantes que llegan al país. La iniciativa, que ahora debe seguir su trámite legislativo en el Senado, modifica 56 artículos e incluye nuevas causales de expulsión a las ya existentes como las faltas repetidas en un año por ruidos molestos, comercio ambulante o infracciones de tránsito, a fin de mejorar la gestión migratoria y velar por una mejor convivencia.
La norma amplía las causales por las que el Servicio Nacional de Migraciones puede y debe negar la entrada a un extranjero, agregando a las prohibiciones existentes el haber sido condenado en Chile o el extranjero por violencia intrafamiliar.
La reforma pretende además aumentar el periodo de residencia de cinco a diez años, como requisitos para recibir la nacionalización chilena, la que podrá ser revocada si la persona en cuestión es condenada por algún delito o presenta faltas repetidas.
Tocante a las causales de expulsión del país, se agregan delitos como explotación sexual, sicariato, uso y porte ilegal de armas, y faltas como emitir ruidos molestos, causar riñas, realizar comercio ambulante, arrojar residuos o objetos desde un vehículo, estacionar en un lugar no permitido, portar una licencia de conducir vencida o impedir el ejercicio de las funciones de los inspectores municipales.
Así las cosas y de aprobarse la ley en el Senado -como todo apunta-, el Estado deberá expulsar a los extranjeros que hayan sido condenados en el año anterior por 3 o más faltas contempladas en el Código Penal, o 6 o más infracciones dictadas por juzgados de policía local.
Cabe destacar que hoy en día el Servicio de Migraciones, para expulsar a un extranjero, debe primero ponderar la gravedad del delito, sus antecedentes penales, el período que lleva viviendo en el país de manera regular y sus redes familiares en Chile.
Según el libelo emitido por los congresistas, esta reforma a la Ley de Migraciones protege y respeta los Derechos Humanos de los inmigrantes, aunque “sin desmedro de los derechos de los nacionales”, puesto que existiendo las mismas condiciones económicas y sociales para todos, “la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja con respecto a los nacionales”.
Debido a ello, quienes estén en situación irregular en Chile y quieran seguir atendiéndose gratis en los centros de salud, deberán conseguir rápidamente su DNI, pues con esta iniciativa “los establecimientos de salud respectivos deberán requerir el enrolamiento”.
