Los pasos internos en la universidad y en la Justicia.
El escándalo en la Escuela de Enfermería de Aguilares, de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, cuando el decano de la facultad de Medicina se refirió a las denuncias contra el profesor acusado de pedir plata y favores sexuales a cambio de modificar las notas en las evaluaciones.
El doctor Mateo Martínez, rompió el silencio sobre el inicio de las sospechas que llevaron a un docente, Luis Solorzano, a presentarse ante la Justicia y contó cómo sigue el proceso de investigación. “Creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Nos urge que se dilucide la responsabilidad de los que están involucrados en esto y que se tome la sanción que corresponde”, remarcó
-Según el docente Luis Solorzano, presentó todo de manera administrativa e hizo la denuncia porque él cree que ahí se incurrió en algunas faltas académicas.
¿Usted tiene conocimiento de todo este tema?
-Lo que hizo el licenciado Solorzano es lo correcto, denunciar como su deber de funcionario público lo demanda por la toma de conocimiento de una situación anómala. Hasta donde sabemos, él toma unos días de licencia y vuelve, y encuentra que las notas de una evaluación parcial habrían sido alteradas. Ahí se inicia un trámite administrativo complejo por la naturaleza misma del hecho y además porque él lo denuncia primero en Aguilares, en paralelo en Tucumán y en paralelo en el decanato. Esto en vez de facilitar el trámite lo ha complicado un poquito. Hace unos días nosotros consolidamos más de 400 páginas de un trámite administrativo y lo elevamos a asunto jurídico y al fiscal Agustín Chits, que había hecho un requerimiento muy concreto sobre el tema. Concretamente, la denuncia del licenciado Solorzano habla de la posible adulteración de nota por parte de otro docente de un examen parcial de una materia que se llama Practicantado 2, en la cual él está. Él se sintió afectado y procedió en consecuencia, lo cual a mí me parece correcto. Esa denuncia le hemos dado al curso que corresponde y una vez que pudimos consolidar toda la documentación convocamos una sesión extraordinaria del consejo directivo, que por unanimidad decidió pedir un sumario a la brevedad, elevó la nota correspondiente con la resolución respectiva al rector y esta mañana (por el jueves) el rector (Sergio Pagani) junto con el director general de Asuntos Jurídicos (Augusto González Navarro) nos convoca a dialogar sobre la cuestión y la Dirección General de Asuntos Jurídicos coincide con el criterio del Consejo Directivo de la Facultad de que se debe sustanciar un sumario.
-¿Qué implicaría el sumario?
El sumario apuntaría a dos cosas, entiendo yo, y además es lo que hemos pedido. Una, a dilucidar la veracidad de los hechos y la otra, a asignar las responsabilidades a quien le competa. Porque hay que profundizar la investigación y al mismo tiempo, limpiar el buen nombre y honor del conjunto de la comunidad educativa, porque mucha gente que estudia, mucha gente que trabaja, mucha gente que enseña en Aguilares y que se están viendo afectadas por una noticia que toma estado público. Más allá de la veracidad de los hechos que se denuncian, que creo que hay que profundizar. Esa es la opinión nuestra como institución.
-¿Usted tiene conocimiento del contenido de la denuncia anónima en la justicia federal que impulsó la investigación del fiscal Agustín Chits?
No, porque el fiscal, con muy buen criterio, hace los requerimientos concretos que él considere que debe hacer. Uno es el programa de estudio, los vigentes, los actuales y los planes de transición. Dos, el modo en que se toman los exámenes, que se registren, que se suben al sistema informático, etc. Tres, si había alguna denuncia en curso sobre este tema. Y por supuesto informamos con la denuncia. Y el cuarto punto que nos pedía era el certificado analítico de tres o cuatro estudiantes que evidentemente él está observando como que no están bien. En ningún momento se nos ha puesto en conocimiento de la existencia de cobro de dinero o de supuestos favores sexuales. Lo concreto, la denuncia penal y el trámite administrativo están centrados en la adulteración de notas de evaluación parcial y creo que yo creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias.
-¿Usted tuvo conocimiento del testimonio que salió al aire de una alumna?
Cuando algo toma estado público, uno como funcionario público también se ve compelido de decir qué hago con esto. Hemos hecho la consulta en jurídico, sobre todo porque una de las jóvenes, al aludir a las cuestiones de orden sexual, implica o hay un fondo de potencial abuso. Por tanto, nosotros tenemos un protocolo de violencia de género que aplicamos a rajatabla. Hemos hecho las consultas en la mañana de hoy y se nos ha informado del área jurídica que para no revictimizar a la víctima ella debe espontáneamente ratificar y formalizar la denuncia o no. En el caso del que lo haga inmediatamente se va a aplicar el protocolo de violencia de género.
