El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, cuestionó la decisión judicial que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales, acusado de trata de personas en Tarija. Del Castillo expresó su repudio por la actuación de la justicia, señalando que la juez Lilian Moreno, en Santa Cruz, mediante una acción de libertad, determinó trasladar el caso a Villa Tunari, Cochabamba, cerca del lugar donde reside Morales.
“El Fiscal General, Juan Lanchipa, le debe una explicación a Bolivia”, afirmó Del Castillo, en referencia a la destitución de Sandra Gutiérrez, la exfiscal de Tarija que investigaba a Morales. Según Del Castillo, la investigación avanzaba cuando Gutiérrez fue cesada, lo que generó dudas sobre las razones detrás de su salida.
Durante una conferencia de prensa, Del Castillo expresó su preocupación por el sistema judicial, cuestionando las condiciones en que las víctimas de violación pueden obtener justicia. “¿Qué condiciones tienen las víctimas de violación en nuestro país con esta clase de administradores de justicia?”, se preguntó, criticando la rapidez con que la juez Moreno dejó sin efecto la orden de aprehensión.
El caso involucra a una menor que, según la denuncia, sufrió abuso cuando tenía 15 años en Tarija. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juicio fue trasladado a Villa Tunari, lo que ha generado preocupación sobre la imparcialidad del proceso. “No puede existir una denuncia de violación contra una niña sin investigarse y sin llegar a la verdad material de los hechos”, subrayó el ministro.
Del Castillo destacó que la orden de aprehensión fue revocada en menos de ocho horas, lo que considera una violación de los derechos de la víctima. Finalmente, expresó su rechazo a las autoridades que permitieron esta decisión, calificando de «repudiable» y «despreciable» el accionar judicial.
