La fiscalía de Venezuela solicitó a la Interpol una “alerta roja” para detener a Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich por “robo agravado” y otros seis delitos relacionados con el avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires y fue enviado a Estados Unidos en febrero. Lo informó este martes el fiscal general, Tarek William Saab.
Al mismo tiempo, el gobierno venezolano calificó de “ridícula” la orden de captura emanada por la justicia argentina contra el presidente Nicolás Maduro, acusado de violar los derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad.
Milei se encuentra en Nueva York donde hablará este martes ante la asamblea general de Naciones Unidas. Maduro no asistió a la cita y envió en su lugar al canciller Yvan Gil.
Qué dijo la fiscalía venezolana
Saab dijo que el pedido a Interpol se fundamenta en los siguientes delitos que le endilga a Milei, su hermana y secretaría general de la Presidencia y la ministra de Seguridad: “Legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil e inutilización de aeronaves”.
“Ya la solicitud ha sido remitida, esperemos a ver cómo va a actuar Interpol, en base a un daño realizado que es delincuencia común, que es delincuencia transnacional, que viola convenciones contra la delincuencia organizada”, afirmó.
El repudio del gobierno de Venezuela a la orden de detención contra Nicolás Maduro
En tanto, el gobierno venezolano tildó de “írrita” y “ridícula” la orden de captura emanada por la justicia argentina contra Maduro.
El lunes, la Cámara Federal de Buenos Aires decidió el arresto del mandatario venezolano, con alerta roja de Interpol, bajo el principio de jurisdicción universal.
“Venezuela repudia la írrita decisión de una instancia del desprestigiado poder judicial argentino”, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado.
Además, dijo que el fallo “carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios”. El gobierno venezolano criticó la “ridícula decisión”, que “busca apuntalar la progresiva destrucción del Estado de Derecho Internacional, pretendiendo subrogarse en las competencias de los organismos multilaterales, disminuyendo su papel”.
La orden contra Maduro y funcionarios de su gobierno fue solicitada por ONG y fiscales federales argentinos como parte de una causa por crímenes de lesa humanidad.
La corte determinó la existencia de “un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos- desde el año 2014 hasta el presente”.