Los periodistas que se animan hoy a informar, investigar o denunciar cualquier abuso o ilegalidad en Venezuela se arriesgan a ser arrestados y acusados de “terrorismo”. Se prevé una pena de hasta 30 años de cárcel. No es una amenaza: doce comunicadores están detenidos bajo ese cargo desde las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio.
“No habíamos vivido una ola represiva de las dimensiones que estamos viviendo. Ya tenemos doce periodistas detenidos y acusados de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Son delitos muy graves que pueden llevar hasta 30 años de prisión”, dijo a TN la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad, Marianela Balbi.
Muchos periodistas se van del país. Cada vez son más. Algunos se resguardan y se refugian en la autocensura ante una presión oficial asfixiante. Otros se agrupan bajo la protección del anonimato en plataformas digitales que se unen para replicar informaciones desde el terreno. Pero conseguir fuentes se hace cada vez más difícil. Son muy pocos quienes se animan a hablar y dar testimonio.
“Estoy resguardado”, es una frase usual que escucha TN de dirigentes de oposición venezolanos. Otros piden consultar a sus representantes en la Argentina, lejos de todo riesgo.
La amenaza oficial contra periodistas
La presión del gobierno chavista sobre la prensa ha crecido de una manera exponencial en el último mes desde las contestadas elecciones del 28 de julio ganadas por Nicolás Maduro, según el conteo oficial, avalado por el Tribunal Superior de Justicia, en medio de denuncias de fraude de la oposición.
La intimidación no solo se practica con la prensa local. El equipo de TN que cubrió las recientes elecciones, liderado por Carolina Amoroso, recibió una fuerte advertencia en un correo electrónico oficial en plena cobertura.
Era un simple “recordatorio”. Se advertía que el artículo 20 de la Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia prevé penas de 10 a 20 años de prisión a quien “públicamente o por cualquier medio apto para su difusión pública fomenta, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunta de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio”.
Enseguida, los enviados fueron excluidos de un chat coordinado por las autoridades y en el que estaban todos los periodistas extranjeros que cubrían las elecciones presidenciales.
A doce periodistas venezolanos les fue mucho peor. Fueron arrestados en los días siguientes. “Los
