Los secuestradores irrumpieron vestidos como policías y simulando un allanamiento. La víctima estuvo más de cinco horas cautiva. En su casa también le robaron armas y herramientas.
El fiscal subrogante de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, Agustín Chit, la auxiliar fiscal Julia Vitar, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich, y el auxiliar fiscal de esa dependencia, Ignacio Rueda, solicitaron la elevación a juicio de la causa seguida a cinco policías -tres de ellos en actividad y dos retirados o exonerados- por el secuestro extorsivo en 2022 de un hombre que fue liberado tras el pago de 200 mil pesos y la entrega de un auto como rescate. Los representantes del MPF solicitaron además la extracción de testimonios -es decir, de copias del expediente- para continuar la pesquisa en primera instancia con el objeto de dar con el paradero de un sexto acusado declarado rebelde.
Los cinco acusados son el excabo Ricardo Julio Rodríguez, por entonces con revista en la comisaría de Tafí Viejo, Centro de la Unidad Regional Norte (URN) de la Policía de Tucumán; el excabo primero en la Comisaría Seccional Trece de la URN, Martín Darío Romano; José Benito Villa, quien prestaba servicios en la Jefatura Zona II URN; el exsargento ayudante José Antonio Gallo; y el exagente (exonerado) Eduardo Germán Agüero. Al momento de los hechos, Rodríguez, Romano y Villa eran miembros activos de la policía.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, las conductas endilgadas a los cinco acusados tienen su encuadre en la figura de secuestro extorsivo consumado, agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por la participación de tres o más personas y por ser tres de los intervinientes funcionarios policiales; y robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por haber sido cometido en despoblado y en banda, en concurso real con el delito de asociación ilícita. Romano, Rodríguez, Agüero y Gallo deberán responder en calidad de coautores penalmente responsables, mientras que en el caso de Villa deberá hacerlo en calidad de partícipe necesario.
Los fiscales trabajaron de manera coordinada con personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Tucumán» de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y del Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina (PFA), que realizaron tanto tareas de campo como análisis de comunicaciones, y participaron de las detenciones de los imputados en los allanamientos realizados en septiembre de 2022.
