or fin, la grave información sobre violencia de genero perpetrada por el expresidente Alberto Fernández salió del territorio de las filtraciones periodísticas cuando su expareja Fabiola Yáñez formalizó una denuncia concreta ante del juez federal Julián Ercolini. Sucedió ayer, luego de que Yáñez rechazara hacerlo hace ya varias semanas y ante el mismo juez.
Los trascendidos se respaldaban en información cierta. Las fotos de la agresiones existen. Nadie que las haya visto tomaría como cierto el pretexto de que se trató de fuertes discusiones, salvo que se crea que la mujer se caía por una escalera mientras le gritaba a su pareja cada vez que discutían. Imposible casualidad.
Según las pruebas coincidentes (las fotografías y los mensajes escrito y los audios de WhatsApp), Alberto Fernández golpeó varias veces a su entonces pareja, Fabiola Yáñez, en la residencia de Olivos. El caso es doblemente grave: un presidente de la Nación en ejercicio golpeó a la primera dama en una dependencia del Estado, como es la casona de Olivos donde viven los presidentes.
Ese límite no se había cruzado nunca hasta ahora, que se sepa al menos. Yáñez y Alberto Fernández están definitivamente separados; ella vive en Madrid, en un departamento que compraron, según les contó a unos interlocutores en el Vaticano cuando fue, hace unos meses, para participar de un evento de la Fundación Scholas Occurrentes. El precio de los inmuebles en Madrid es uno de los más caros de Europa. ¿Lo compró ella o lo compró Alberto Fernández? ¿Quién lo pagó? A su vez, el expresidente vive en Buenos Aires, en el viejo departamento que ocupaba en Puerto Madero antes de que la suerte (y Cristina Kirchner) lo trasladara a Olivos.
¿Quién vio fotos de Fabiola Yáñez golpeada y con moretones? Muy pocas personas. Los que hicieron el trabajo forense sobre el teléfono de la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero; la propia Fabiola Yañez; algunos (muy pocos) colaboradores del juez Julián Ercolini y el magistrado. El juez fue tan restrictivo con el acceso a esas fotos que ni siquiera se las mostró al fiscal Carlos Rívolo, que es el que investiga el caso de la exsecretaria María Cantero con los seguros.
Consultado por LA NACION, Rívolo aseguró: “Sé que la carpeta reservada existe, pero el juez Ercolini, que se movió con mucha prudencia, no me mostró las fotos”. Colaboradores del magistrado aseguran que la decisión del juez consiste en no revictimizar a la víctima difundiendo imágenes e información sobre los hechos que sufrió.
En rigor, Ercolini entendía que no era necesario que la justicia federal siguiera hurgando en el caso de la violencia contra una mujer porque ese no es caso de jurisdicción federal; corresponde a la justicia provincial de Buenos Aires. Ayer, Ercolini recibió la denuncia de Fabiola Yáñez, pero tanto él como el fiscal Rívolo están analizando qué harán. Conocidos penalistas sostienen que Ercolini deberá declararse incompetente y enviar la denuncia a la justicia de la provincia de Buenos Aires, porque lo hechos sucedieron en Olivos y son jurisdicción de la justicia ordinaria.
Yáñez, que no quiso ver las pruebas encontradas en el teléfono de María Cantero -secuestrado por la Justicia-, se manifestó la primera vez renuente a formular la denuncia, pero su actitud de entonces la mostró predispuesta a cambiar de opinión. Cambió en el mediodía de ayer cuando se despachó ante el juez de la peor manera contra quien fue presidente de la Nación hasta hace ocho meses.
Había entre ellos una situación de extrema tensión desde hace tiempo. Las pruebas que hay en el teléfono de Cantero (y que dispararon el escándalo de ahora) son las fotos, audios y mensajes que la propia Yáñez le mandó a la entonces secretaria de Alberto Fernández contándole las cosas que sucedían en su relación de pareja con el entonces presidente.
El juez Ercolini no quiso quedar con el uso exclusivo de esa información y envió la carpeta reservada a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Funcionarios judiciales se manifestaban impotentes porque ni siquiera esa Oficina estaba en condiciones de hacer una denuncia sobre el caso. Se trata de un delito de instancia privada; la Justicia solo podía avanzar si Yáñez formulaba la denuncia en los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Pero ayer Fabiola Yáñez se decidió por el juez Ercolini, que es juez federal y tiene serias limitaciones para hacerse cargo de un caso de violencia de genero.
