Por eso, complicó el proceso de inscripción para que los finalmente habilitados para ejercer su derecho en las embajadas este domingo sean un pequeñísima minoría
Como en cada elección venezolana, el régimen chavista se ocupó de disgregar el voto opositor a través de sus distintas artimañas en un intento por aventajar en los resultados definitivos. Pero esta no será una elección más en la que Maduro y su cúpula van confiados a las urnas sabiendo que su andanada de mañas les garantizarán el triunfo, y la grave crisis migratoria desatada por el socialismo en el país caribeño se convirtió en un punto débil que debía ser atendido por la dictadura ante el seguro respaldo de la diáspora a Edmundo González Urrutia.
Casi ocho millones de personas dejaron sus familias, trabajos, comodidades y sus vidas ya hechas en Venezuela, en búsqueda de un mejor lugar lejos de la crisis humanitaria que agobia al país y que es consecuencia de las políticas impuestas por el régimen que encabeza Nicolás Maduro.
Frente a los indicadores desfavorables para una reelección, el dictador, sin titubeos, se ocupó de imponer todo tipo de condiciones legales u operativas para que los venezolanos en el exterior no puedan inscribirse para emitir su voto en la elección presidencial. Del total de la diáspora venezolana se estima que cerca de cinco millones se encuentran en edad para votar, sin embargo quedaron por fuera debido a las trabas impuestas.
Tanto para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 7.774.494 personas emigraron de Venezuela a partir de 2014 debido a la crisis económica, política y social. De ese total, 6.590.671 venezolanos se encuentran en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el chavismo desestima la cifra.
El pasado 1 de julio, Maduro planteó en su programa de televisión que “entre el 2013 y el 2023 salieron de Venezuela, como migrantes económicos, 2.500.000 venezolanos. Del 2020 hasta el 2023, cerrando 2023, parte de 2024, han regresado 1.200.000, la mitad de los que se fueron”.
Los datos difieren con los relevados por distintas organizaciones internacionales y la diferencia resulta significativa en el marco electoral. En especial si se considera que el total de migrantes y potenciales electores venezolanos, incluso superan a la cantidad de votantes habilitados en algunos estados de Venezuela y hasta de pequeños países en todo el mundo.
Según la ONU y la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) el flujo migratorio venezolano se concentra mayoritariamente en Colombia (2,9 millones), Perú (1,6 millones), Brasil (568.058), Ecuador (500.000), Chile (532,715) y Argentina (220.000).
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela oficializó que del total de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, solo 69.211 podrán votar en las elecciones. De dicha cifra, solo 6.528 pudieron inscribirse y actualizar sus datos en el Registro Electoral para votar en el exterior.
En 2018 fue la última vez que se habilitó el empadronamiento en el registro electoral de Venezuela, y debido a las limitaciones impuestas, el número de inscritos en el extranjero representa un 0.89% de los 7.774.494 de migrantes.
En diálogo con Infobae, Leandro Querido fundador de Transparencia Electoral en América Latina, planteó que “los flujos migratorios son cada vez más grandes y frecuentes” y en la mayoría de los casos “estas personas salen en busca de mejores condiciones de vida y al hacerlo pierden sus derechos políticos en sus países de origen. Ante esta realidad, diversos Estados han desarrollado iniciativas legislativas para atender este problema”.
Las condiciones
El artículo 24 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela establece que “sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”. Sin embargo el régimen impuso nuevos requisitos. De hecho, varias formas de identificación que antes eran aceptadas, esta vez se rechazaron al momento de tramitar nuevas inscripciones o bien, al solicitar el cambio del centro de votación.
Ante la violación del derecho electoral, Leandro Querido sostuvo a Infobae que “un Estado democrático no puede caer en una acción de doble exclusión donde por un lado se expulsa a los ciudadanos por falta de oportunidades y por otro se les quita su condición de ciudadano al negarle sus derechos políticos del ejercicio al voto por migrar”.
De acuerdo con el CNE, los ciudadanos debían demostrar su residencia permanente con al menos 3 años de recibida, y tener pasaporte vigente o en trámite de renovación; norma que provocó el rechazo de otras identificaciones como las visas.
Frente a dicha situación, la oposición al régimen denunció que no se estableció un criterio único en los consulados y en algunas embajadas se aplicaron requisitos adicionales para formalizar el Registro Consular, es decir, el paso previo a la actualización de datos en el Registro Electoral.
