La frontera sur del Perú —situada entre Tacna, Puno y Bolivia— es la ventana de casi el 60% de las mercancías y productos ilícitos. Esta cifra se reveló en el Noveno Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), que se llevó a cabo en Bolivia, con la participación de expertos de quince países.
El evento contó con la participación del director general de la Policía Fiscal de Lima, general PNP Nilton Santos Villalta, quien señaló que “los cigarrillos y licores son los principales productos ilícitos que entran por la frontera sur, así como vehículos siniestrados, autopartes de vehículos y vestimenta, entre otros”.
Mientras que en la frontera norte —específicamente en Tumbes— predomina el contrabando de medicinas, combustible, petróleo y gasolina.
Por su parte, Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior y presidente de la ONG Diálogo Ciudadano, volvió a advertir que el contrabando está vinculado al crimen organizado y que este no se limita a circuitos nacionales o domésticos.
Es un crimen transfronterizo que afecta a toda la región andina, “disparando una espiral de violencia y aumentando las tasas de homicidios”, dijo Vargas.
“Es una criminalidad que está asesinando a través de sicarios y genera zozobra en la población. Hay que recordar que la percepción de inseguridad supera el 80% de la población, por lo que es importante analizar el rol que juegan estas economías ilegales en la generación de criminalidad organizada y en los daños que causa en la gobernabilidad, porque su poder corrosivo afecta y precariza nuestras instituciones”, agregó.
Frente a esa situación, el exfuncionario consideró que, en primer lugar, es crucial escuchar las experiencias de los países latinoamericanos. “Fue muy importante escuchar al experto de Chile vincular el contrabando con el crimen organizado y no tener ese concepto convencional de que el contrabando es simplemente eludir un control fronterizo”, explicó.
En ese sentido, se debe fortalecer la articulación entre el sector público y privado para crear políticas que permitan crear prácticas comerciales equitativas que no distorsionen el mercado.
