Polémica trajo la decisión del Gobierno de Gabriel Boric de ingresar un veto presidencial al proyecto que busca que se realicen las elecciones municipales de octubre próximo en dos días, a fin de reponer la multa a quienes no cumplan con el voto obligatorio.
El ministro Álvaro Elizalde explicó que este “es básicamente un veto para establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones”.
El martes de la semana pasada, con votos del oficialismo – el diputado Gonzalo Winter del Frente Amplio (FA), incluso calificó el proyecto de “antipobres” -, el Senado rechazó una indicación, que había sido aprobada poco antes por la comisión mixta, que restablecía una multa de entre unos $33.000 (USD 36) a $131.000 (USD 144) para aquellos que no asistan a votar en octubre.
La piedra de tope entre los parlamentarios fue el hecho de que la sanción iba dirigida solo a los votantes con nacionalidad chilena. Desde la oposición alzaron la voz, y aunque en el pasado estuvieron de acuerdo con el voto voluntario, esta vez aseguraron que dicha penalización debiera ser universal y aplicarse también a los extranjeros con residencia en el país y derecho a sufragio.
Al día siguiente el ministro Elizalde informó que el Gobierno iba a insistir en reponer la multa enviando un veto presidencial, y ahí se armó la controversia. Desde Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), señalaron que de no sancionarse también a los inmigrantes con derecho a voto, “se dificulta seriamente el diálogo entre el Ejecutivo y la oposición”, dejando entrever que podrían entramparse otras discusiones legislativas como la anhelada Reforma de Pensiones del gobierno.
Reacciones
Esta semana la oposición endureció su postura y el lunes, la exconstituyente UDI, Constanza Hube, aseguró que el empecinamiento del Gobierno “impide que podamos tener una conversación o un acuerdo en cualquier tipo de ámbito” y llamó a que el veto presidencial que se presentará esta semana al Congreso “venga sin letra chica, que sea acorde a la Constitución y a las reglas mínimas de un Estado de Derecho”, según consignó Emol.
Algo parecido dijeron el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), quien acusó al Gobierno de hacer “trampa”, y el propio presidente de la UDI, Javier Macaya, el que indicó que la molestia de su sector es compartida también por otros partidos como Demócratas, quienes tampoco estarían contentos con la decisión del Ejecutivo.
Este martes Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, recordó que “hay algo básico en los países verdaderamente democráticos, en los países que cuidan su democracia. Y esa cuestión básica es no cambiar las reglas electorales próximas a una elección. Estamos a dos semanas de terminar las inscripciones, estamos a tres meses de una elección importantísima. Y a propósito de una decisión muy puntual, que era la votación en dos días, el Gobierno ha aprovechado de una manera extremadamente negativa cambiar las reglas del juego electoral”.
“Cuando un Gobierno comete un error de la magnitud de la que está cometiendo, saltándose todos los principios de lo que es una buena democracia, todo queda en tela de juicio. Le pregunto a todos los chilenos, ¿Cómo se puede confiar en un Gobierno que dice que va para un camino y termina proponiendo cosas completamente distintas? Esto afecta a los diálogos en todo sentido”, remató el también diputado.
