El gobierno uruguayo decretó un cambio en la normativa respecto a las infracciones de tránsito que cometen los extranjeros dentro del país. La norma, publicada hace una semana, establece que una persona que fue multada deberá abonar la sanción antes de abandonar el país. El propietario del vehículo en infracción será notificado del incumplimiento en los puestos de control que están instalados en las rutas nacionales o en el domicilio que haya fijado.
Esta nueva normativa se está instrumentando en estas semanas e implica un cambio al sistema que estaba fijado, que establecía que el pago de la multa quedaba librado a la voluntad del infractor. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas estaba buscando alternativas desde el año pasado sobre cómo implementar este pago porque, en los hechos, se quedaba sin cobrar ese dinero, explicaron a Infobae fuentes del Poder Ejecutivo uruguayo.
El decreto establece que el pago de las multas se debe abonar antes de salir del país a través de la web o la aplicación del Sistema Único de Cobros de Ingreso Vehiculares (Sucive) o en las redes de cobranza de cualquier punto del país. La normativa deja abierta la posibilidad a que los gobiernos departamentales busquen otras alternativas para los cobros.
El decreto también fija un nuevo monto para las multas por exceso de velocidad en las rutas nacionales, que pasará a ser de 17.252 pesos uruguayos (unos USD 440).
El decreto también establece que quedan exoneradas de las multas por exceso de velocidad las ambulancias, siempre que estén debidamente empadronadas y que estén cumpliendo un servicio de traslado de pacientes al momento de la infracción de tránsito. Cada organismo que tenga competencia en la aplicación de multas por exceso de velocidad podrá disponer los requisitos para eximir a estos vehículos médicos de las sanciones.
Una ley de 2019 ya preveía que cuando el infractor de tránsito no acreditaba su residencia legal en el territorio uruguayo debía abonar las sanciones antes de retirarse del país, pero no se había fijado un mecanismo para que esta reglamentación se hiciera efectiva. La normativa uruguaya también establece que los Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y del Interior son los encargados de la fiscalización de los excesos de velocidad en las rutas nacionales.
