Através de un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia de la Nación, el Gobierno confirmó el cierre del 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años y siguiendo “por los restantes intervenidos”.
Además, la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona indicó que reducirá en un 30% el personal de la Dirección de Registros Automotor mediante un programa de jubilaciones y retiros voluntarios. Esta medida llega luego de que se confirmara también la eliminación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA) en esta última semana.
Últimamente, la existencia del Registro de la Propiedad Automotor volvió a la agenda política. Meses atrás, la diputada de Juntos por el Cambio, Patricia Vasquez, hizo público un proyecto de ley en el cual propone la completa eliminación de los registros y su reemplazo por un sistema digital y de autogestión.
A pesar de esta decisión del gobierno de Javier Milei, desde el entorno de la legisladora le confirmaron a este medio que “seguirán adelante con el proyecto”. “Los cambios propuestos son mucho más profundos que los de esta resolución”, comentaron.
No obstante, con esta medida anunciada por el Ejecutivo, la estructura de los registros así como su funcionamiento se verán alterados. Dos puntos que han sido cuestionados por la opinión pública y algunos sectores de la política en estos últimos años.
Registro Automotor: recaudaciones millonarias en apenas 15 días
El Registro de la Propiedad Automotor se creó en el año 1964 “como resultado de la aplicación del Decreto Ley 6582/58″, explican de manera oficial. Su objetivo principal en aquel entonces era darle “seguridad jurídica a los patentamientos” con información pertinente a la titularidad y los números de serie de las autopartes “para evitar el contrabando”.
Con el tiempo, las oficinas registrales crecieron a tal punto de ser, en 2024, un total de 1558 en todo el territorio nacional. De ese número, se calcula que el 40% se encuentran intervenidos, es decir, que no tienen un encargado titular sino un interventor asignado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
“Por lo general, los registros se crean intervenidos y, un año después, van a concurso para tener un encargado titular. La otra forma de que se cree uno es que la DNRPA lo haga y asigne a un empleado suyo o a alguno de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), que es el ente cooperador”, explicaron fuentes del sector
Pero más allá del proceso de creación, el punto más llamativo de su funcionamiento es el recaudatorio. Acorde al estimador de costos de la dirección, para transferir un auto usado valuado en $3 millones, se deberían abonar $167.000 en concepto de sellos, firmas y transferencias.
Si a eso se lo mira con mayor perspectiva, los números son mucho más abultados. Tan solo en los últimos 15 días respecto a la publicación de este artículo, una oficina registral de la provincia de Buenos Aires recaudó más de $34 millones apenas en sellados y patentes.
Si bien estos montos varían según la cantidad de operaciones, años de los vehículos y ubicación geográfica, “todos recaudan más o menos en esa línea”, explicaron la fuentes. El total se divide porcentualmente entre la Dirección Nacional, el Ministerio de Justicia y la oficina registral en cuestión.
Empleados sin antigüedad y entes proveedores
En la resolución publicada, el Ministerio de Justicia señaló también la derogación del régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos y la impresión de patentes automotores, lo cual “permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios”.
Previo al dictamen de estos cambios, la entidad citada era la única habilitada en todo el país para proveer chapas patentes, punto que había generado, en 2023, un grave faltante de insumos y demoras en las entregas de originales y duplicados. No obstante, no se hace mención de Acara, único ente proveedor de algunos formularios (como el N°13, por ejemplo).
Otro punto de debate en este último tiempo ha sido la situación contractual de los empleados de los Registros Automotores. En el funcionamiento de cada oficina, explican las fuentes consultadas, los trabajadores no son empleados estatales sino que están contratados por el encargado o interventor en concepto de colaboradores.
“Si el encargado fallece o el interventor se va, nosotros nos quedamos sin trabajo. Tiene que venir uno nuevo y contratarnos a todos de vuelta, perdiendo toda la antigüedad que teníamos”, explicó un exempleado de un registro de la Ciudad de Buenos Aires a este medio.
