Cuando Ana Jimena Barba, una joven médica, empezó a trabajar en un hospital de Madrid el año pasado, se mudó con sus padres a media hora de la ciudad hasta que pudo ahorrar lo suficiente como para poder comprar su propia casa. Pero cuando empezó a buscar viviendas en la misma zona, casi todo estaba valuado en más de 500.000 euros.
La cantidad —casi 20 veces más que el salario medio anual en España— resulta que corresponde al costo del “visado de oro” o “golden visas” del país, un programa que le ofrece residencia a los extranjeros ricos que compran propiedades inmobiliarias. Después de una década, el programa ha generado miles de millones de euros en inversiones, pero también ha contribuido a impulsar una desgarradora crisis inmobiliaria para sus propios ciudadanos.
“No hay nada que pueda comprar”, dijo Barba, una alergóloga que ha estado trabajando 100 horas extra cada mes para poder ahorrar. “Si los extranjeros inflan los precios para quienes vivimos aquí, es una injusticia”.
Ante la creciente presión para que se enfrente la escasez de vivienda, España anunció este mes que eliminará los visados de oro, la última de una serie de retiradas del programa por parte de gobiernos de toda Europa.
Media decena de países de la eurozona ofrecieron los visados en 2012, durante el punto álgido de la crisis de la deuda europea para ayudar a solucionar los enormes déficits presupuestarios. Los países que necesitaban rescates internacionales —España, Irlanda, Portugal y Grecia, entre ellos— estaban especialmente desesperados por conseguir dinero para pagarles a sus acreedores, y consideraron los programas de visa como una vía para atraer inversionistas y reactivar sus moribundos mercados inmobiliarios.
Los países generaron una ganancia inesperada: solo en España se han emitido 14.576 visados vinculados a compradores adinerados que realizan inversiones inmobiliarias superiores a 500.000 euros. Pero los precios que pueden permitirse están expulsando a personas como Barba de un mercado que ya estaba muy inflado por el auge de Airbnb y la atracción de los inversores de Wall Street.
“La vivienda es un derecho constitucional y no un mero negocio especulativo”, dijo Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, en un discurso este mes al anunciar el fin del programa de visados de oro del país. “Son las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado, donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes viven y trabajan en ellas y pagan sus impuestos cada día”.
Los visados facilitan que personas de países que no están en la Unión Europea (UE) puedan comprar el derecho de residencia temporal, a veces sin tener que vivir en el país. Inversionistas de China, Rusia y Medio Oriente acuden en grandes cantidades a comprar inmuebles a través de ellos.
En los últimos años, los ciudadanos británicos siguieron su ejemplo tras el Brexit, comprando casas en Grecia, Portugal y España, a los que se ha unido un número creciente de estadounidenses que buscan disfrutar de un estilo de vida que no pueden permitirse en las principales ciudades de Estados Unidos.
Pero los programas de visados de oro se están eliminando o cerrando en toda Europa, mientras los gobiernos tratan de reparar el daño ocasionado al mercado inmobiliario. Y tras la invasión rusa a Ucrania, las autoridades de la UE instaron a los gobiernos a acabar con ellos, advirtiendo que podrían utilizarse para el blanqueo de dinero, la evasión fiscal e incluso el crimen organizado.
Portugal, que ha obtenido más de 5800 millones de euros en inversiones gracias a los visados, modificó su programa en octubre para eliminar los bienes inmuebles como inversión, con el fin de reducir las compras especulativas y enfriar un mercado inmobiliario estresado. La afluencia de extranjeros ha desplazado a miles de ciudadanos portugueses con bajos ingresos de sus hogares en ciudades como Lisboa.
Grecia, uno de los últimos países de Europa en ofrecer un visado de oro, está elevando el umbral de inversión extranjera de 500.000 a 800.000 euros en la zona de Atenas y en islas populares como Mykonos y Santorini. El primer ministro del país, Kyriakos Mitsotakis, reconoció la grave escasez de viviendas y la presión sobre los mercados de alquiler, en especial en los alrededores de Atenas, pero afirmó que el gobierno aún quería atraer a los inversionistas. Solo entre 2021 y 2023, Grecia recaudó 4300 millones de euros en inversiones gracias a los visados.
Según un informe publicado en marzo por el Instituto de Economía Laboral, los programas de visados han contribuido a impulsar el desarrollo económico de los países que los ofrecen. Sin embargo, según el informe, los gobiernos deben encontrar “un delicado equilibrio entre los beneficios económicos y la protección frente a posibles riesgos”, como el blanqueo de dinero y la gentrificación desenfrenada.
El retroceso se produce en un momento en que una crisis inmobiliaria más amplia se apodera de Europa, tras años en los que sus mercados inmobiliarios han sufrido una profunda metamorfosis que ha expulsado cada vez más a los trabajadores con ingresos modestos como médicos, profesores y policías.
La gentrificación se ha extendido por las ciudades europeas durante décadas, pero el auge de Airbnb y otros proveedores de alquileres a corto plazo ha acelerado la crisis de asequibilidad. Ese fue el caso en los países afectados por la crisis de la deuda europea, donde los propietarios descubrieron que podían ganar más alquilándole a turistas que a locales cuyas finanzas se habían visto afectadas por los programas de austeridad.
