En lo que va del gobierno de Javier Milei, el productor resignó 6 puntos de su renta, al dejarle al Estado (94% nacional, 5% provincial y el resto municipal) el 65% de lo que percibe.
Lo refleja el índice de los impuestos elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), donde entre la suba de costos y caída de precios cercenaron esa proporción de la renta, de acuerdo con la última medición.
Nicolle Pisani Claro, economista jefa, explicó por qué el Índice FADA es 6 puntos mayor que la última edición.
Puso de relieve que el aumento de la presión tributaria sobre la renta agrícola surge de restarle los costos de producir al valor de la producción realizada.
“Si cae el precio o suben los costos, la renta se achica. Pero el tema es que los impuestos no se reducen en la misma proporción que la renta, es más, casi que no lo hacen. Es por esto que cuando el valor cae o los costos suben, la participación de los impuestos sobre la renta aumenta”, señaló.
Aclara en ese aspecto que los impuestos no se reducen en la misma proporción que la renta, es más, casi que no lo hacen. Es por esto que cuando el valor cae o los costos suben, la participación de los impuestos sobre la renta aumenta. Esto es lo que arrojó esta medición, por eso el Índice FADA es 6 puntos mayor que la última edición”.
Los menores precios, costos que se incrementan y actualizaciones de impuestos provinciales y municipales, generan una presión mayor en la participación del Estado en la renta agrícola.
La mayor declinación de los precios se presenta en trigo, el que a su vez indicó la mayor participación del Estado en la renta en marzo 2024.
En este contexto y frente a la próxima campaña fina, los números comienzan a ajustar, considerando que esta caída de precios viene acompañada de incrementos en los insumos y servicios.
La economista FADA, Natalia Ariño, hizo hincapié en que dentro de los impuestos nacionales el 67% no se coparticipan a las provincias, es decir, no vuelven a las regiones que lo produjeron. “De aquí se desprende la discusión sobre el federalismo de un esquema en el que la mayor parte de lo recaudado no se reparte a las provincias, en una actividad que por definición es federal y está arraigada a las distintas regiones del país”.
Pisani Claro desglosó que Córdoba registra un 64,9%, Buenos Aires 61,9%, Santa Fe 61,1%, La Pampa 62,9%, Entre Ríos 65,4% y San Luis 59,9%.
”Para medirlo, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la proporción de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia”, añadió.
Entre los aumentos para 2024 de inmobiliario rural, tasas y guías municipales, en el caso del inmobiliario se aplicaron, dependiendo de la provincia, desde el 180% hasta 250%.
El costo de los insumos recargó asimismo la contabilidad de los productores.
“Los fletes se incrementaron 42% en pesos, frente a diciembre 2023. La labor de siembra 59% y la cosecha 132%. Respecto a marzo 2023, se ven aumentos en fletes del 206% y de labores entre 170% y 260%”, agregó Ariño.
Entre dolarización y pesificación
Según la moneda en que esté expresada, la estructura de costos de los cultivos muestra que un 49% de una hectárea de soja está estrictamente dolarizada mientras que el restante 51% está pesificada. Incluyendo el costo de la tierra dentro del esquema, el dolarizado en una hectárea de soja pasa a representar el 62%.
Al tener los fertilizantes y semillas del maíz mayor peso que en la soja, los costos dolarizados ascienden al 53% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 47%.
Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 60%.
En estos últimos meses los componentes en pesos y en dólares se repartieron de manera similar a la de la anterior medición.
En diciembre, el componente en pesos había caído luego de la devaluación, lo que se refleja actualmente en un encarecimiento en dólares de los fletes y labores tomando como base inicios de 2024.
Desagregando el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional del 65%, la participación del Estado en soja ocupa el 68,4%, en maíz 57,3%, en trigo 83,9% y en girasol 54,1%.
La caída de precios, a pesar de los mayores niveles de producción tras la recuperación de la sequía, reduce el valor bruto de la producción.
