Por Claudio Jacquelin – Anteayer fue una bandera colgada en un puente del acceso a Rosario que rezaba “se metieron con nuestros familiares. Van a seguir las muertes de inocentes”. Estaba dirigida al gobernador Maximiliamo Pullaro y a su ministro de Seguridad.
La frase es tan estremecedora, como aterradoramente precisa en su formulación. Los crímenes perpetrados por narcocriminales locales no son ninguna novedad. Siguen. Ese es el drama.
Hace ya casi cinco años uno de los aspirantes a capos del narcomenudeo en San Lorenzo, ciudad portuaria vecina de Rosario, bajó un mensaje que puede verse hoy como una de las puntas más explicitas de ese hilo que asfixia a los rosarinos y sacude al país. Era una orden cuyo cumplimiento y duración ha ido bastante más allá de lo imaginado.
“Hay que matar inocentes. Si matamos un par de inocentes se arma una revolución bárbara”. Ese fue el mandato estratégico que envió a los suyos Brandon Bay desde la cárcel, a mediados de 2019, y cuyo primer resultado concreto fue la muerte de tres jóvenes en esa aparentemente pacífica ciudad portuaria de 40.000 habitantes. Algo nunca visto.
La orden que se convirtió en un patrón de la acción criminal fue descubierta poco después de ese triple homicidio por los fiscales que seguían el caso y lo cuentan Germán de los Santos y Hernán Lascano, en su imprescindible y esclarecedor libro de investigación Rosario. La historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad, publicado a fines del año pasado. Aparece en el inicio del capítulo titulado “La crueldad”. Más vigente, imposible.
Desde que bajó aquella decisión de Brandon Bay se registraron en Rosario y sus adyacencias casi 1200 asesinatos adjudicados a bandas narcocriminales. En ese lapso transcurrió un mandato presidencial y medio y pasaron tres ministros de seguridad en la Nación y cinco en la provincia de Santa Fe. Un fracaso tan estrepitoso de las políticas públicas de seguridad como de las económicas. Los números en ambas dimensiones explican demasiadas cosas ocurridas en los últimos meses.
Desde aquel 2019 las cifras de homicidios en el sur de Santa Fe muestran una vertiginosa parábola ascendente que batió récords en 2023. Hasta hace un mes, cuando se registró una notable reducción. Sin embargo, el gobierno santafesino evitó publicitar que los asesinatos habían disminuido casi seis veces respecto de febrero de 2023. No había nada para celebrar todavía. Quedó claro.
La difusión corrió por cuenta del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y contrarió, en parte, a Pullaro, que era el ministro de Seguridad santafesino en aquel 2019, último año en que se había registrado un descenso de los homicidios. Hasta que empezó a regir la doctrina Brandon Bay. La experiencia llamaba a la cautela.
La decisión adoptada por la administración provincial de no difundir las amenazas que el gobernador y su familia han venido recibiendo desde el momento de su asunción, para no darle la publicidad que los autores buscaban, era parte de un combate que se desarrolla en todos los frentes. Tanto en las calles como en las palabras, los narcos venían sacando ventajas. Asesinados o muertos de miedo. Esa es su lógica. Desde los nuevos gobiernos (nacional y santafesino) se pretende romperla, aunque con planes todavía en borrador, expuestos a prueba y error y basados en consensos precarios.
Las medidas tomadas desde el 10 de diciembre pasado para retomar el control en las cárceles donde están alojados los narcos, el endurecimiento de las condiciones de encarcelamiento y la exposición pública de los detenidos en una de esas prisiones, al estilo de El Salvador de Nayib Bukele, hacía prever efectos no deseados. Hay miradas coincidentes sobre el diagnóstico, pero no hay posiciones unívocas sobre el tratamiento en todos los planos.
Bullrich, fiel a su estilo, con el que ha transitado más de 40 años en la vida política y que encaja a la perfección con el del presidente, Javier Milei, no le rehúye a la frontalidad ni al estruendo. Todo lo contrario.
Ambos saben que la inseguridad y la violencia, de los que la narcocriminalidad es el capítulo más cruento y en expansión, son uno de los desafíos más grandes que enfrenta el actual gobierno, junto con la economía. Uno y otro golpean como ninguno en la vida cotidiana y en el ánimo de una sociedad ya demasiado afectada. Por eso buscan generar impactos y resultados rápidos, que puedan percibirse por todos. Sin que los inhiban los efectos indeseados que puedan tener en una primera etapa, convencidos de que, al final, llegarán los resultados esperados.
En ese sentido van las recientes medidas adoptadas por el gobierno nacional, entre las que se encuentra el encuadramiento de terrorismo para acciones de los narcos, así como la decisión de sumar a las Fuerzas Armadas en apoyo de las fuerzas de seguridad federales y provinciales.
Los reparos de la dirigencia política y muchos expertos al involucramiento de militares en la lucha contra la narcocriminalidad, aun en carácter subsidiario, así como las fallidas experiencias extranjeras, son para la ministra críticas sin sustento. Las considera producto de prejuicios antimilitares extemporáneos del kirchnerismo y de sectores de izquierda, así como una extrapolación descontextualizada de lo ocurrido en otros países. El contexto y los antecedentes locales recientes le dan a Milei y Bullrich permisos que otrora la opinión pública no hubiera otorgado. Lo saben ella y los asesores en imagen y estrategia del presidente.
El precedente de esas decisiones no son solamente los números de víctimas provocada por la delincuencia narco y el temor en el que viven millones de ciudadanos, sino también la enorme cantidad de policías santafesinos separados de la institución por haber incurrido en delitos, muchos de ellos vinculados con la acción de las bandas narcocriminales. En los últimos cuatro años fueron desafectados casi 400 policías. Ineficiencia y complicidad.
De todas maneras, no hay coincidencias totales sobre la estrategia de combate. En la administración santafesina miran con expectativa, prudencia y algunos reparos las medidas del gobierno nacional. Celebran la asistencia y la declaración de terrorismo a las acciones de los narcos que amedrentan a la sociedad.
Al mismo tiempo, dejan saber (fuera de los micrófonos) que durante los primeros dos meses de gestión la presencia de fuerzas federales se había resentido en Rosario y alrededores. Por otro lado, Pullaro busca restituir la cadena de mandos en la policía provincial y dotarla de la autoridad y legitimidad justificadamente perdidas. Cree que todavía puede recuperar a esa fuerza que muchos dan ya por definitivamente fallida. Coincide con lo que pretende Bullrich en la Nación.
Todos en estado de alerta
La magnitud y la extensión del problema, que cada vez se circunscribe menos a Rosario, así como el impacto que tiene en la opinión pública, activó una masiva solidaridad con Pullaro sin antecedentes. Lo expresó casi toda la dirigencia política incluida la mayoría de los gobernadores, sin distinción partidaria.
El narcodelito se expande por todo el país, sobre todo en los grandes centros urbanos, donde potencia la violencia y ocupa lugares que el Estado desatendió y a los que ahora no logra controlar.
El contundente mensaje de solidaridad de Axel Kicillof a su colega santefesino es una muestra de la preocupación generalizada. La provincia de Buenos Aires no solo es el territorio donde se provee el narcomenudeo que azota a Rosario, como ha dicho Pullaro y ha quedado demostrado en numerosas causas judiciales. También es el ámbito donde cada vez hay más disputas de bandas con extrema violencia y donde se diluye cada vez más rápido la frontera que separa a miembros de las fuerzas de seguridad de los criminales. Hay convivencia y connivencia.
Al mismo tiempo, la crítica situación económica, como siempre, precipita el auge delictivo. Aunque aparecen cosas novedosas y altamente inquietantes, según revelan intendentes de los partidos más grandes del conurbano bonaerense. La caída del poder adquisitivo general también provoca descenso en el consumo y en la calidad de los productos del mercado de drogas ilegales. La recesión llega a todos lados.
“A muchos de los que vivían de la venta de merca se les achicó el negocio y salen de caño a robar motos y autos. Generalmente están pasados de droga ellos mismos. Matan por nada, sin importarles nada”, dice un estrecho allegado a uno de los más poderosos barones del conurbano, que hace casi dos décadas maneja un municipio donde cada día hay más zonas fuera de su control.
El asesinato del subjefe de la guardia urbana de La Matanza en un intento de robo hace solo 20 días, después de otros homicidios tan crueles, aunque no tan resonantes, es uno de los ejemplos más contundentes de lo que está ocurriendo en los grandes conglomerados urbanos.
Tanto o más elocuente es el hecho de que Kicillof se haya involucrado sin intermediarios y fijado posición pública en la cuestión de la seguridad, de la que siempre procuró evitar ser salpicado. La salida de Sergio Berni del Ministerio de Seguridad bonaerense no fue suplida por su sucesor Javier Alonso en su rol de escudo mediático. El histrionismo del médico militar lograba atemperar la ausencia de resultados y la percepción de inseguridad de los bonaerenses. Todo llega.
El problema es en y de todo el país. La crisis económica y la violencia van de la mano y no asoman éxitos en lo inmediato. El delito es un problema de naturaleza multicausal. Mucho más que del área de la seguridad. Y golpea a todos.
La inflación y la recesión no son los únicos problemas urgentes que enfrenta el Gobierno. Y en los que debe mostrar resultados.
