Los antecedentes de Colombia y la penetración de la tecnología de vigilancia china
La cronología del destino no está del lado de Lula. Al mismo tiempo que en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en San Vicente y las Granadinas el presidente brasileño estrechaba sonriente la mano de su homólogo Nicolás Maduro, el cadáver del teniente venezolano Ronald Ojeda era hallado en Chile. Huido a Santiago en 2017 por ser opositor al régimen chavista, Ojeda había sido secuestrado en su domicilio el 21 de febrero por encapuchados que se hicieron pasar por agentes de la policía migratoria chilena. Definido por muchos disidentes y analistas como el Plan Cóndor de Maduro (en referencia al plan implementado por Estados Unidos en función antisoviética y llevado a cabo en los años 70 por las dictaduras latinoamericanas de derecha) según la oposición venezolana el secuestro fue llevado a cabo por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), infiltrados en territorio chileno.
Ojeda había recibido asilo del gobierno de Gabriel Boric a finales de 2023 y había protestado frente al Palacio Presidencial de la Moneda exigiendo la liberación de sus compatriotas presos políticos en Caracas y el fin de las negociaciones entre la oposición y el chavismo. Por eso, sólo el mes pasado el gobierno de Venezuela declaró a Ojeda y otros soldados venezolanos exiliados en el extranjero “traidores al país”. Ojeda antes había sido detenido por una presunta conspiración en contra del dictador Nicolás Maduro, torturado y acusado de traición a la patria sin el debido proceso. Al final consiguió escapar de Venezuela hasta llegar a Chile.
Su caso alertó a la comunidad de disidentes venezolanos residentes en Brasil, en particular a ex militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), unos 900 según estimaciones no oficiales. Muchos de ellos, tras el secuestro de Ojeda, empezaron a cambiar las rutinas de sus familias e incluso sacaron a sus hijos de la escuela. “Desde que vivo en Brasil siempre he tenido miedo de que me secuestraran o me mataran”, declaró uno de ellos de forma anónima al diario O Globo. “Cuando se lo conté a las autoridades brasileñas me dijeron que exageraba, pero el caso de Ojeda ha confirmado que nuestro temor es fundado. Estamos tratando con criminales”, denunció el ex militar. La mayoría de ellos llegaron a Brasil en 2019, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro reconoció al gobierno interino de Juan Guaidó. “Ahora tememos que Maduro pida la colaboración de Lula, alegando que los militares que vivimos en Brasil formamos parte de una conspiración inexistente para derrocar al gobierno venezolano”, dijo con miedo uno de ellos a O Globo.
No han faltado ocasiones en las que Lula ha revelado toda su ambigüedad en su relación con el chavismo venezolano. El 29 de mayo de 2023, tras la visita de Maduro a Brasilia, el presidente brasileño declaró a la prensa que su colega venezolano era víctima de una “narrativa” urdida por sus enemigos, mientras que en una entrevista en junio, al ser preguntado por la ausencia de democracia en Venezuela, llegó a relativizar la propia noción de democracia. “El concepto de democracia es relativo para usted y para mí”, respondió. Tras la congelación de las relaciones durante el gobierno de Bolsonaro, con Lula Venezuela y Brasil retomaron y reforzaron su colaboración. En una declaración conjunta de 55 puntos firmada el año pasado, en el punto 54 ambos países se comprometen a “apoyar la promoción y protección de los derechos humanos”. Sin embargo, recordemos que el 15 de febrero Maduro cerró la oficina de derechos humanos de la ONU en Venezuela, mientras que el viernes la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó el último recurso presentado por la dictadura venezolana para que se desestimara la investigación en curso por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Pero es sobre todo el punto 38 de esta declaración conjunta del año pasado el que ahora asusta a los ex militares venezolanos que viven en Brasil porque en él está escrito que los dos países “enfatizaron la necesidad de aumentar la articulación de sus agencias de inteligencia y fortalecer sus redes”. Según el sitio de noticias de defensa Defesanet este párrafo “parece imitar el esquema que utiliza la dictadura venezolana para infiltrar organismos de seguridad e inteligencia colombianos con la anuencia del gobierno Petro”. El año pasado, dos meses antes de esta declaración conjunta, el ex presidente colombiano Iván Duque había denunciado ante Washington que entre los temas tratados por Petro y Maduro estaba precisamente el intercambio de información de inteligencia.
“Por solicitud expresa de Nicolás Maduro en Colombia se están iniciando investigaciones a generales colombianos que han luchado contra el terrorismo y grupos terroristas en nuestro país, grupos que son protegidos por Maduro en territorio venezolano”, había revelado Duque. “Además, la cooperación de inteligencia entre Colombia y Venezuela indica que el régimen venezolano está interesado en conocer el trabajo histórico de la inteligencia colombiana con Estados Unidos, Reino Unido y otros países”, había agregado Duque.
También preocupa a los ex militares venezolanos que han huido a Brasil la penetración de la tecnología de vigilancia china. El régimen chavista, recordemos, ha logrado a lo largo de los años crear una extensa red de recolección de datos de inteligencia. En 2018, la corporación china ZTE, ya prohibida en Estados Unidos por su papel en el espionaje y los riesgos de ciberseguridad, construyó un sistema de vigilancia para Venezuela que monitorea el comportamiento de los ciudadanos a través del llamado carnet de la Patria, que se asemeja a una tarjeta de crédito con la que los ciudadanos pueden acceder a prestaciones sociales. ZTE también opera en Brasil desde hace algún tiempo. El año pasado, durante la visita de Lula a China, el gobierno brasileño anunció 20 acuerdos comerciales, entre ellos uno con ZTE para reforzar la cobertura de la red 5G en el sur de Brasil, región donde justo vive la mayoría de los militares venezolanos que huyeron del régimen de Maduro.
