A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana acordaron celebrar elecciones presidenciales en 2024, el proceso comicial sigue en el limbo, sin fecha definida ni condiciones claras. Mientras el tiempo transcurre, la dictadura chavista sigue arremetiendo contra la disidencia, cerrando espacios democráticos, e inhabilitando a candidatos porque sabe que su paso por las urnas es una derrota cantada.
El mundo tiene los ojos puestos sobre Venezuela, que vive una situación de incertidumbre política que se ha agravado tras la ratificación de la inhabilitación política por 15 años de la candidata opositora María Corina Machado, la detención arbitraria de parte de su equipo de campaña y la desaparición forzosa de la activista por los DDHH Rocío San Miguel.
Para Vente Venezuela, la tolda política de María Corina Machado, estas detenciones forman parte de un “patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que el régimen ha emprendido contra dirigentes políticos, líderes sociales, activistas de derechos humanos y sociedad civil que de manera valiente han decidido elevar la voz por la ciudadanía, a través del ejercicio de sus derechos sociales y políticos para recuperar la democracia, el Estado de Derecho y la libertad de este país”.
En este contexto, las elecciones presidenciales previstas para este 2024 se presentan como una oportunidad para buscar una salida democrática a la crisis, pero también como un desafío para el chavismo para garantizar la participación, la transparencia y la legitimidad del proceso. Sin embargo, en el panorama político de Maduro y su cúpula el escenario de elecciones libres y con garantías para todos, no forma parte de sus prioridades.
En su informe anual, la organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que las elecciones presidenciales en Venezuela perderán legitimidad si no se rehabilita a la líder opositora María Corina Machado.
“La inhabilitación de Machado es un ejemplo más de cómo el gobierno de Maduro usa el sistema judicial para perseguir y castigar a sus adversarios políticos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Las dudas sobre la legalidad y transparencia de estos comicios han sido una constante. Son quizás la última esperanza del pueblo venezolano para intentar librarse de Maduro, quien se aferró al poder tras la muerte de Hugo Chávez, en 2013.
Es de esperar que las presiones internacionales contribuyan a que el proceso comicial efectivamente sea libre, con respeto por los resultados. Sin embargo, para la elección más trascendente en la historia del país, los venezolanos no saben aún ni dónde ni cuándo van a votar.
El pasado mes de octubre, tras largas negociaciones facilitadas por Barbardos, el dictador Nicolás Maduro y la oposición, representada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), acordaron celebrar elecciones presidenciales durante el segundo semestre de 2024, con la presencia de observadores internacionales como la Unión Europea (UE). Sin embargo, desde entonces, son pocos los avances que se registran.
El representante de la dictadura en las mesas de diálogo, Jorge Rodríguez, desestimó la advertencia de Estados Unidos de que impondrá nuevas sanciones al crudo venezolano si no se permite la participación de la opositora María Corina Machado en las elecciones presidenciales de 2024.
“Ahórrense el lapso, yanquis de mierda”, dijo Rodríguez.
En días recientes, el Parlamento, dominado por el oficialismo, convocó una consulta para elaborar una propuesta de calendario electoral. Para ello, el régimen y la oposición se reunieron por separado para negociar la fecha de las elecciones presidenciales.
Entre un hermetismo total, diversos voceros han dado pistas de algunas de las propuestas hechas por los asistentes a las reuniones con el chavismo.
