Según investigaciones de la Policía Federal (PF) en una causa abierta en el Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de Golpe de Estado, apenas conocida la derrota oficialista en el balotaje del último domingo de octubre de 2022, grupos y protagonistas de la derecha planificaron cómo mantener a Jair Messias Bolsonaro en la presidencia. Se reunieron y organizaron para perfeccionar un plan golpista que antes sólo habían esquematizado. Antes del 30 de octubre era sólo un plan de contingencia básico en preivisión de una catástrofe que no veían, y en la que descreían.
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El nuevo plan de Golpe postulaba la necesidad de una campaña intensa y focalizada en las redes. El electorado debía caer en una incredulidad irreversible ante cualquier resultado electoral desfavorable al oficialismo. Es decir, en este mensaje, desagradable para el pueblo, que es la mayoría, y que es de derecha. Con la opinión pública mayoritaria alineada de su lado, un decreto presidencial de Bolsonaro ordenaría la prisión de la máxima auridad electoral, anularía el proceso electoral -impidiendo así que Lula asumiera la presidencia que había ganado-, y convocaría nuevas elecciones en condiciones sociales cambiadas.
Las líneas directrices de la planificación golpista ya habían sido trazadas desde mucho antes de que el 2 de octubre Bolsonaro saliera segundo en la primera vuelta electoral. Si desde mediados de año la victoria del rival era ya un escenario contemplado, una vez consumada esa eventualidad aborrecida reclamó una atención urgente en el campo de los vencidos y escandalizados. El esquicio preexistente del plan golpista fue retomado, estudiado y enriquecido. Perfeccionado, aun con algunas supuestas mejoras que habrían sido de la propia mano de Bolsonaro. Para ser después difundido en el espacio afín en busca de aliados que finalmente no encontraron en número ni peso relevantes. El decreto nunca fue firmado.
En el colectivo golpista destacaron por su iniciativa y laboriosidad militares de alto grado (aun generales de 4 estrellas), funcionarios de la Presidencia destinados a abandonar la función pública con la caducidad de la administración Bolsonaro, empresarios del agronegocio y del Amazonas y religiosos cristianos confrontados con una intemperie de privilegios disminuidos, y políticos y militantes derechistas contrariados en sus proyectos futuros. Enterados del triunfo del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), estrecharon sus vínculos y contactos.
Militares de alto grado, funcionarios predestinados a perder su cargo, empresarios del agronegocio y del Amazonas y religiosos enfrentados a un horizonte de privilegios disminuidos, y derechistas contrariados idearon cómo retener a Bolsonaro en el poder.
Según la narrativa policial, estos oficialistas que abominaban de la idea de volverse opositores a raíz de la penuria de los votos propios, complotaron sin desfallecimientos en los meses de noviembre y diciembre hasta ajustar un plan de lucha y resistencia. Su estrategia para adelantarse a los acontecimientos venideros y enervar lo que de otro modo sería inevitable hecho consumado. Persuasivas falsedades habrían tapizado todo el streaming y toda la red, denunciando la manipulación electoral mayúscula de la que los hombres de bien se declaraban víctimas y por la que incriminaban como victimario mayor al bandido Lula y a su corrupto Partido de izquierda, corruptor de la juventud trabajadora y sexualizador de la infancia indefensa. Aspiraban a engendrar una atmósfera de rechazo social y de planteos militares solidarios con ese repudio. Cancelado el resultado de la segunda vuelta, Lula no podría asumir la tercera presidencia de su biografía política, que se había ganado en las urnas el 30 de octubre. Civiles y miitares se dividieron tareas para que diferentes células cumplieran con mayor eficacia diferentes cometidos especializados.
A pesar de que lo habría conocido y consentido, y aun añadido valor con un par de decisiones, en el relato de la PF Bolsonaro, cómplice y encubridor de la organización golpista, no habría sido su líder. El liderazgo se veía rehusado a un candidato del Partido Liberal (PL) que en 2022 había sido capaz de ganar 60 millones de votos y de aumentar el número de los que en 2018 lo habían hecho presidente pero incapaz de ganar la reelección. En esa segunda vuelta del últmo domingo de octubre, su contrincante lo superó por una diferencia de menos de 2 puntos porcentuales. A pesar de las contestaciones por perdedor y de las presiones porque después perder se lo veía apocado, Bolsonaro fue, desde luego, el máximo beneficiario del plan golpista.
En el plan figuraba una fecha prefijada para arrestar al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el que ‘decidía con tuits quién gana y quién pierde una elección, despreciando la voluntad del electorado manifestada en el voto democrático’. La presidencia del TSE se asigna a jueces del STF, la Corte Suprema de Brasil. En 2022 había sido asignada a Alexandre de Moraes. Es el mismo ministro del STF que en 2024 impulsa las investigaciones de la PF en esta causa abierta por presunta tentativa de Golpe de Estado: Según el ordenamiento legal brasileño, los jueces supremos pueden llevar adelante investigaciones sin precisar el acuerdo de sus colegas, ni aun para dictar sentencias, que la ley llama “monocráticas”. Estas son revisables a posteriori por las diversas salas en que se subdivide el Supremo Tribunal, y, finalmente, por el Plenario, que reúne a la totalidad de la Corte.
